*El expresidente del IFE advirtió en el programa La Clave que la crisis de credibilidad del organismo electoral pone en riesgo las elecciones de 2027. Cuestionó la intención de Claudia Sheinbaum de investigar administraciones anteriores para desviar la atención de las irregularidades actuales y propuso un acuerdo nacional para rescatar al instituto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una profunda crisis de credibilidad, no porque haya perdido su capacidad técnica para organizar elecciones y contar correctamente los votos, sino por el presunto uso indebido de recursos públicos para beneficiar a una persona y a un grupo cercano a la dirigencia del organismo, advirtió Leonardo Valdés Zurita, último presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante una entrevista en la emisión de esta semana del programa La Clave, conducido por los periodistas Mónica Camarena y Aurelio Contreras Moreno, el exconsejero presidente sostuvo que la situación del árbitro electoral mexicano resulta especialmente preocupante ante la proximidad del proceso electoral de 2027 y el deterioro de la confianza ciudadana en una institución que fue fundamental para la transición democrática del país.
Valdés Zurita cuestionó además la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum de dirigir la atención hacia las administraciones anteriores del IFE y el INE, mediante la revisión de las auditorías practicadas durante los últimos 25 años, en lugar de concentrarse en esclarecer las irregularidades que actualmente afectan al organismo.
Consideró que esa narrativa pretende trasladar las responsabilidades hacia el pasado, cuando lo urgente es investigar los presuntos malos manejos recientes y restablecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El expresidente del IFE explicó que durante su administración se establecieron procedimientos de control y fiscalización para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, por lo que manifestó su confianza en que una revisión de aquellas gestiones no encontraría irregularidades relevantes.
También recordó que las posibles responsabilidades administrativas por hechos ocurridos hace décadas estarían sujetas a los plazos legales de prescripción, lo que, desde su perspectiva, resta sentido práctico a la pretensión de concentrar las investigaciones en periodos tan lejanos.
El costo de construir la democracia
En la conversación, Leonardo Valdés hizo un recorrido por su participación en la construcción de las instituciones electorales mexicanas, desde su militancia en el Partido Mexicano de los Trabajadores hasta su incorporación al IFE como director ejecutivo en 1997.
Recordó que uno de los mayores desafíos de la transición democrática fue construir un sistema capaz de garantizar que los votos de los ciudadanos fueran recibidos, contados y respetados, después de décadas de desconfianza en los procesos electorales.
Para conseguirlo, explicó, fue necesario desarrollar una compleja estructura institucional que incluye la capacitación de cientos de miles de ciudadanos que participan como funcionarios de casilla, la elaboración de materiales electorales con mecanismos de seguridad y procedimientos de vigilancia en todas las etapas de las elecciones.
Señaló que esa estructura tiene un costo elevado, pero insistió en que se trata de una inversión necesaria para garantizar la autenticidad del sufragio y la legitimidad de los resultados.
Valdés recordó que las críticas al costo de las elecciones han acompañado al organismo prácticamente desde su creación y que algunos de los actores políticos que durante años cuestionaron esos gastos ahora forman parte del gobierno.
Asimismo, explicó que la credencial para votar se convirtió en uno de los documentos de identificación más importantes del país precisamente por sus características de seguridad, su gratuidad y la confianza que consiguió generar entre la población.
En ese contexto, defendió la importancia de preservar la capacidad operativa del INE, independientemente de las responsabilidades que deban determinarse por las irregularidades administrativas denunciadas.
Durante el programa, Aurelio Contreras Moreno planteó que la actual crisis del instituto se desarrolla en medio de una campaña de desacreditación contra su historia institucional, impulsada desde el poder político.
En particular, se refirió a los cuestionamientos contra las administraciones anteriores y a la intención de revisar las auditorías de los últimos 25 años, en un contexto marcado por las controversias relacionadas con el manejo de recursos públicos en la dirigencia reciente del INE.
Valdés Zurita defendió los procedimientos de transparencia que se desarrollaron durante su gestión y recordó que se establecieron controles para reducir costos y garantizar la legalidad de las contrataciones.
Entre otras medidas, mencionó el fortalecimiento de la participación de Talleres Gráficos de la Nación en la producción de materiales electorales, como parte de los esfuerzos para mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.
El exfuncionario consideró que la revisión histórica planteada desde la Presidencia de la República no debería utilizarse para eludir el esclarecimiento de las responsabilidades actuales.
A su juicio, la crisis no puede resolverse mediante una confrontación política con el pasado del organismo, sino a través de decisiones que permitan recuperar la confianza pública en su independencia y funcionamiento.
Acuerdo nacional para rescatar al INE
Ante el deterioro de la imagen institucional del árbitro electoral, Leonardo Valdés propuso que la presidenta Claudia Sheinbaum convoque a un acuerdo nacional para reconstruir la confianza en el INE antes de las elecciones intermedias de 2027.
El planteamiento incluiría la emisión de una convocatoria apegada a los procedimientos constitucionales para designar a la próxima persona que encabece el Consejo General, así como la integración de un comité técnico de evaluación en cuya conformación participen los partidos de oposición.
Explicó que la intervención de distintas fuerzas políticas en ese proceso podría contribuir a generar condiciones de mayor confianza y legitimidad en la designación.
La propuesta parte de la necesidad de que el instituto recupere credibilidad no solamente frente a los partidos políticos, sino también ante los ciudadanos que deben participar directamente en la organización de las elecciones.
Durante la conversación, Mónica Camarena coincidió en que el descrédito del organismo representa un problema de gran magnitud, especialmente por el tiempo limitado que existe para recuperar la confianza antes del siguiente proceso electoral federal.
Valdés advirtió que la incertidumbre sobre la independencia del árbitro electoral podría afectar la aceptación de los resultados y profundizar la confrontación política.
Riesgos de retroceso democrático
El último presidente del IFE también expresó preocupación por la concentración del poder político y sus posibles consecuencias para el sistema democrático mexicano.
Al analizar el panorama actual, recordó la crisis electoral de 1988, cuando la llamada caída del sistema se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia política nacional y aceleró las exigencias de transformación de las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
Señaló que uno de los principales logros de las reformas electorales posteriores fue construir un organismo con autonomía y capacidad técnica, que permitiera superar la desconfianza histórica hacia los procesos electorales.
Por ello, consideró indispensable impedir que la crisis actual termine por destruir los avances institucionales alcanzados durante varias décadas.
No obstante, también hizo una distinción entre las irregularidades registradas en los procesos electorales recientes y la existencia de un fraude generalizado.
Sobre las elecciones presidenciales de 2024, reconoció que hubo omisiones y violaciones constitucionales, pero sostuvo que no se trató de un fraude masivo que explique el resultado de la votación.
A su juicio, el triunfo de Morena respondió fundamentalmente al respaldo que una mayoría de los electores otorgó a sus políticas, por lo que cuestionar las irregularidades del proceso no implica desconocer automáticamente la voluntad expresada en las urnas.
Esta distinción, explicó, resulta importante para defender la integridad de las elecciones sin deslegitimar indiscriminadamente los resultados.
Llama a la ciudadanía a participar en las elecciones de 2027
Pese al panorama adverso que describió, Leonardo Valdés manifestó confianza en que la participación ciudadana puede contribuir a preservar las instituciones electorales.
Subrayó que uno de los pilares del modelo mexicano es que las elecciones no dependen exclusivamente de los funcionarios del INE, sino de cientos de miles de ciudadanos que aceptan integrar las mesas directivas de casilla y se capacitan para recibir y contar los votos de sus vecinos.
Por esa razón, llamó a fortalecer la participación como funcionarios de casilla y observadores electorales durante los comicios de 2027.
También planteó la conveniencia de avanzar hacia mecanismos de votación electrónica que permitan reducir costos operativos y fortalecer la transparencia, siempre que se garanticen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
En el terreno político, expresó su expectativa de que la participación ciudadana contribuya a mantener los contrapesos legislativos e impida una concentración todavía mayor del poder mediante la obtención de una mayoría calificada por parte de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Valdés insistió en que la confianza en el árbitro electoral constituye una condición indispensable para la estabilidad democrática, pues los resultados de una elección necesitan no solamente ser correctos, sino también contar con credibilidad ante la sociedad y las fuerzas políticas.
La entrevista en La Clave concluyó con una advertencia sobre la necesidad de atender las irregularidades actuales del INE sin convertirlas en un pretexto para desacreditar toda la historia de la institución.
Para el expresidente del IFE, el desafío inmediato consiste en esclarecer las responsabilidades por el manejo de recursos públicos, reconstruir la confianza en las autoridades electorales y garantizar que las elecciones de 2027 se desarrollen con las condiciones de legalidad, independencia y certeza que México construyó a lo largo de su transición democrática.
