Por Alberto J. Olvera
El escándalo de corrupción en el INE abrió la oportunidad de limpiar la institución; sin embargo, el gobierno parece aprovechar la crisis para debilitarla y concentrar poder. En este análisis, la batalla por controlar al árbitro electoral expone las contradicciones de un régimen que, pese a su hegemonía, enfrenta el desgaste de su promesa anticorrupción, una crisis fiscal y la incertidumbre sobre su futuro.
En el escenario global coinciden hoy factores de esperanza y elementos de incertidumbre. La democracia sobrevive y ha permitido victorias importantes de las fuerzas democráticas en días recientes en Brasil, Estados Unidos, Serbia e Israel, pero en el plano económico la revolución tecnológica en marcha arroja dudas sobre el futuro inmediato a escala global, tanto en el plano ambiental como financiero. Los Estados del mundo viven una crisis fiscal sin paralelo y sin salida clara.
Si el partido domina el poder, ¿por qué necesita controlar también al árbitro electoral?
En ese contexto mundial complejo, México se encuentra en una fase de maduración de un peculiar autoritarismo competitivo de raíz populista que muy pronto en su desarrollo experimenta los límites discursivos, morales y materiales de un proyecto político inviable.
Mientras a escala internacional se ha demostrado que la democracia electoral funciona bajo condiciones mínimas de respeto al voto, en México hemos entrado en una fase en la cual empieza a dudarse que el gobierno tolere el riesgo de una elección limpia, aun tratándose de una elección intermedia y en una circunstancia en la cual el partido en el poder no tiene verdaderos competidores.
En verdad extraña a cualquier persona que observe que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dilapide buena parte del capital político —acumulado en el aspecto personal en sus dos años de gobierno— en una batalla por el control total del Instituto Nacional Electoral (INE), la única institución autónoma que sobrevive — penosamente— a los designios autoritarios del proyecto de concentración del poder heredado de Andrés Manuel López Obrador.
Ciertamente, el primer asalto al INE hace dos años ha quedado deslegitimado por el escándalo de corrupción que hoy vive la institución. Revertir su pérdida de prestigio implica acabar con los esquemas de corrupción favorecidos desde adentro y darle una salida a la crisis de dirección con el consenso de los partidos. Lejos de ello, la presidenta trata desesperadamente de evadir la responsabilidad que le cabe a su partido en este penoso escándalo.
Resulta patético observar cómo la presidenta exhibe en público su exasperación por el hecho de que semana tras semana se comprueba, gracias a la investigación periodística y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que muchos miembros de su partido o funcionarios simpatizantes del mismo se han corrompido en la escala que lo hacía el funcionariado del viejo régimen.
La supuesta superioridad moral presumida por López Obrador como la característica central de su movimiento no ha pasado la prueba del ejercicio de gobierno. La corrupción —oficialmente concluida en 2019, según el expresidente— sigue tan viva como siempre en ausencia de mecanismos de control tanto horizontales —es decir, internos al propio Estado—, como verticales —o sea, propios de la actividad de la sociedad civil y de los medios de comunicación—. Son estos últimos, sumados a las investigaciones de ciertas OSC y de personas académicas profesionales, quienes han puesto contra las cuerdas a un gobierno que pretende culpar de todos los males del presente a “los actores del viejo régimen”. Pero las denuncias no conducen a investigaciones serias ni a sanciones por protección política franca y descarada.
En vez de aceptar esta dura y elemental realidad, la presidenta da un salto al vacío. Al continuar repitiendo la mentira propagada por su predecesor de que todo ataque a la moralidad del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de sus políticos activos es una conspiración, sea del extranjero, de una perversa derecha interna o de una élite política que no acepta su desplazamiento por el pueblo organizado, Sheinbaum da la espalda a la realidad, se burla de la ciudadanía de a pie y arriesga una legitimidad ganada limpiamente en las urnas y sancionada por las propias instituciones que se ha empeñado en destruir.
Al actuar así, abusando de su poder, tanto en el uso de la palabra en el espacio público como de las instituciones de justicia y de control, la presidenta se pone del lado de las y los corruptos y no del lado de la justicia. Mucho se ha dicho que ella ha dejado ir todas las oportunidades que los escándalos de corrupción le han ofrecido para afirmar su poder personal y de grupo, y desplazar a las y los verdaderos enemigos de su proyecto político, que por ahora están casi todos dentro de su propio partido. Y no puede ser de otra manera, en la medida en que Morena se ha convertido en un partido hegemónico que controla los tres poderes del Estado y los gobiernos de la mayor parte de los estados de la República.
La promesa de erradicar la corrupción se enfrenta a la prueba más incómoda: los propios cuadros de Morena
Ciertamente, la corrupción no la inventó Morena, pero fue precisamente por los excesos cometidos en este campo por la clase política priista y panista que Morena logró triunfar, prometiendo un cambio sustancial de prácticas, una especie de revolución de la cultura de lo público, que por virtud de la santidad de su líder y por la adecuada selección de sus cuadros, pondría fin a los tiempos de “la corrupción y los privilegios”. El problema es que los gobiernos de Morena y los cuadros que ella misma ha impulsado reproducen tan criticadas prácticas, porque el combate a la corrupción no depende de la voluntad de un líder o de una presidenta, sino de instituciones que funcionen, como ya se ha repetido hasta el cansancio. El voluntarismo populista —y hasta cierto punto infantil de López Obrador— no puede aceptarse más después de tantos años de experiencia en el gobierno de Morena.
Dado que la presidenta es una mujer inteligente, cabe preguntarse por qué actúa de una forma tan inadecuada. Una primera hipótesis es la ideología. La presidenta es una firme creyente en el discurso lopezobradorista. Suscribe y fomenta un concepto populista de democracia que es la directa, que conecta —supuestamente— al “pueblo” con el “gobierno”.
La democracia electoral es de “élites”, según lo ha expresado ella misma, por lo que debemos asumir que si la tolera es porque no queda de otra en el mundo actual, pero le producen profunda sospecha sus instituciones y actores: según lo que ha expresado la mandataria, el INE es un pesado aparato burocrático dominado por una élite acomodaticia y privilegiada. Los partidos políticos son mafias corruptas que viven de las rentas de la política. Por tanto, hay que disminuir el costo y centralidad de la democracia electoral.
La crisis causada por los escándalos de corrupción en el INE está siendo leída por Sheinbaum como una oportunidad para deslegitimar y disminuir a la institución. Para ello debe imponerse la falsa narrativa de que el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, no fue una institución profesional que posibilitó la democracia electoral en México, sino una burocracia dorada inmersa en negocios dudosos de origen y que en varios momentos ha sido partícipe de fraudes electorales, particularmente en 2006.
Esa es la línea en Morena en este momento, como parte de un ataque que incluye el castigo presupuestal y judicial de la institución. Además, por esta misma vía, Morena trata de escurrir la responsabilidad de haber posibilitado el asalto corrupto al INE de su expresidenta Guadalupe Taddei, a quien el propio partido oficial impuso en el cargo. Jugada a dos bandas que nadie en su sano juicio se va a tragar, pero que se puede imponer como versión oficial a pesar de su patente falsedad. Esta es una vía directa a un mayor autoritarismo.
Otra hipótesis plausible —complementaria de la anterior— es que la propia mandataria observa con angustia el colapso material del proyecto de la Cuarta Transformación (4T) y teme sus consecuencias políticas. Me refiero a que ha quedado en claro este año que es insostenible mantener los subsidios masivos a las personas pobres y a las empresas paraestatales, sin poner en riesgo la operación misma de los sistemas de salud y educación y en general el funcionamiento del aparato estatal.
También puede observarse que la lucha contra el crimen organizado no avanza al ritmo exigido por la sociedad y por más que se nos ofrezcan cifras alegres de disminución de homicidios, la percepción pública de inseguridad no disminuye. Por otra parte, el intento de reciclar un proyecto de desarrollo capitalista desde adentro adecuado al nuevo orden mundial está destinado al fracaso por la incapacidad del Estado de hacer las inversiones necesarias en infraestructura, seguridad y capacitación de la fuerza de trabajo, y de garantizar seguridad jurídica al capital.
La primera contradicción es la más grave y la que en cierta forma hundió a los progresismos latinoamericanos. Otorgar subsidios masivos universales es una buena estrategia política, en tanto garantiza una clientela fiel al partido y gobierno que los instaura, pero al mismo tiempo genera obligaciones fiscales imposibles de disminuir y que a lo largo del tiempo se acrecientan, creando presiones fiscales inmanejables. En el caso de México, este problema se agrava por la malhadada decisión de López Obrador de “salvar a Pemex” a toda costa y a todo costo, siendo que la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) está objetivamente quebrada, requiere una completa y total reorganización administrativa e ingentes flujos de inversión que el Estado no puede aportar. Mantener a flote a Pemex le cuesta al erario casi tanto como los subsidios generalizados. Algo similar a menor escala padece la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Un gobierno hegemónico que actúa con miedo puede terminar debilitando las instituciones que validaron su triunfo
Para poder financiar los subsidios y el rescate a las paraestatales, los gobiernos de Morena han implementado un ajuste fiscal radical sobre el resto del aparato gubernamental. Las consecuencias son visibles: una monumental crisis en el sector salud, tanto en infraestructura física como en medicamentos y personal, cuya crónica escasez deniega en la práctica el derecho a la salud. El presupuesto destinado a la educación no crece o decrece en términos reales en ciertas áreas, especialmente la educación superior y la investigación científica. El presupuesto de las universidades públicas ha disminuido en términos reales entre 25 % y 30 % a lo largo de los gobiernos de Morena, algo que solo Javier Milei se atrevió a hacer en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. En ambos casos, la respuesta estudiantil y de las y los trabajadores universitarios fue radical, por lo que se generó una gran cantidad de paros, huelgas y manifestaciones que en Argentina continúan hasta la fecha y en Brasil reaparecen esporádicamente a pesar de que Luiz Inácio Lula da Silva revirtió hasta donde pudo tal recorte.
No es extraño que ahora mismo todos los planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana estén en paro, así como lo están o han estado universidades de provincia completas (o por lo menos algunas de sus escuelas) en demanda de mejores instalaciones, insumos y profesorado mejor pagado, pero también en demanda de que las universidades atiendan el problema de los abusos sufridos por numerosas estudiantes por parte de profesores, empleados y alumnos. El malestar en las universidades es inocultable en todo el país, pero se observa también en la mayor parte del sistema educativo. Las protestas a consecuencia de las omisiones en materia de salud son también cosa de todos los días.
Ni qué decir del mal estado de las carreteras, obras interminables, inseguridad en el transporte, fallas en el servicio eléctrico constantes y una crisis hídrica nacional que tiene su expresión más grave en el área metropolitana de Guadalajara, pero que afecta a casi todas las ciudades del país.
El gobierno de Sheinbaum contrató a la experta internacional Mariana Mazzucato para que le hiciera un plan de desarrollo siguiendo sus ideas de orientación estatal del desarrollo capitalista. El proyecto requiere obviamente grandes inversiones públicas en infraestructura, desarrollo científico y tecnológico, mecanismos de financiamiento adecuados, capacidades regulatorias eficientes y algo todavía más importante: honestidad, eficiencia y una tecnocracia de alta calificación.
El gobierno actual carece de todas esas capacidades y condiciones. La idea es buena, pero inviable en el contexto de una crisis fiscal estructural y de incertidumbre sobre el futuro, tanto la derivada del hecho de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha quedado en una especie de indefinición legal y temporal como la que impone el potencial ajuste que traerá consigo la actual revolución tecnológica, que bien puede ser atravesada por una crisis financiera internacional más temprano que tarde.
En materia de seguridad hay avances en la detención de algunos capos y miles de delincuentes, pero no hay instituciones de justicia que los procesen. No se han reformado las policías estatales y municipales (con excepciones), ni las fiscalías estatales ni la federal, ni el sistema carcelario, ni los poderes judiciales, cuya crisis solo se ha complicado más con la elección judicial. En este terreno hay una falla de Estado que ni siquiera se ha empezado a revertir. Y las protestas ciudadanas por la inseguridad son también diarias y en todo el país.
En suma, al parecer la única explicación racional de la decisión de la presidenta de controlar el INE sin negociar con los partidos de oposición sería el miedo al futuro, tanto a corto como a medio plazo. El miedo no es un buen consejero, menos cuando por ahora el gobierno tiene la sartén por el mango en materia política. No hay una oposición digna de ese nombre, ni una presión social articulada a escala regional y nacional. Hay barruntos de rebelión que se expresan todos los días en tomas de carreteras, de calles, manifestaciones y protestas sin fin, pero todavía no un descontento generalizado. La fragmentación de la movilización social y la ausencia de dirección política juegan a favor de Morena. Por ello mismo, el intento de control del INE resulta objetivamente innecesario.
Lo cierto es que la crisis de legitimidad del discurso morenista, la sensación de falta de dirección política coherente y la aparente desesperación de la presidenta dibujan un panorama complejo y pesimista, con grandes riesgos de autocratización. Esperemos que una próxima articulación de las resistencias sociales presione desde afuera a un régimen que, a pesar de su hegemonía, parece consumirse desde adentro en su propia descomposición moral y en la irresuelta crisis de su liderazgo.
Este artículo fue publicado originalmente en la página web de Revista El Diluvio. Agradecemos a su autor la autorización para reproducirlo en La Clave.
