México acumula 169 periodistas asesinados en las últimas dos décadas, de los cuales 168 casos permanecen sin esclarecer por completo, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El reporte advierte que la impunidad y la falta de garantías de seguridad continúan siendo algunos de los principales obstáculos para ejercer la libertad de prensa en el país.
De acuerdo con la organización internacional, durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han registrado 18 homicidios de periodistas. La cifra mantiene la preocupación por la violencia contra quienes investigan y difunden información de interés público.
El informe identifica a Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca como las cinco entidades que concentran históricamente la mitad de los asesinatos de periodistas en México. En estas regiones, la presencia del crimen organizado, las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad para la prensa representan riesgos constantes para el ejercicio de la labor informativa.
Para Thibaut Bruttin, director de RSF, la falta de justicia es uno de los factores que alimentan esta problemática, pues pocos de estos delitos llegan a traducirse en condenas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La persistencia de los ataques contrasta con los compromisos asumidos en mayo de 2024, cuando Claudia Sheinbaum firmó 22 acuerdos con la organización para fortalecer el periodismo y la libertad de expresión. Sin embargo, Bia Barbosa, directora regional de RSF, expresó su preocupación por el incumplimiento de al menos una tercera parte de esos compromisos.
Ante este panorama, representantes de RSF sostuvieron reuniones con titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía para trabajar en la elaboración de un mapa de las zonas de mayor riesgo para periodistas.
La organización considera urgente que las autoridades refuercen las medidas de protección, mejoren las investigaciones y combatan la impunidad, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para quienes informan a la sociedad.
Las cifras reflejan una problemática que trasciende los homicidios: la falta de esclarecimiento de los casos limita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, mientras que la persistencia de las agresiones amenaza el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y plural.
