Por Carlos Tercero
La nómina de los empleados y servidores públicos se paga con las contribuciones de todas y cada una de las personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Luego entonces, nada más certero que afirmar que la ciudadanía es, en última instancia, quien paga el salario de quienes trabajan para el Estado. Cada percepción que sale del erario tiene detrás el esfuerzo de alguien que genera ingresos, paga impuestos y espera que esos recursos se traduzcan en servicios, instituciones eficaces y mejores condiciones para la sociedad. Por ello, el dinero público no puede manejarse con dispendio, displicencia o criterios ajenos al interés colectivo. La administración de los recursos públicos obliga a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero también a la eficacia y eficiencia. El hecho de que una institución sea pública no significa que pueda operar al margen de principios elementales de administración, profesionalización y evaluación. Por el contrario, precisamente porque administra los recursos de todos, la exigencia debe ser mayor.
Un salario público debe corresponder a una responsabilidad y a una función que efectivamente se desempeñan. No se trata solamente de cuánto se paga, sino de qué se recibe a cambio de esa remuneración. El problema aparece cuando el presupuesto sirve para sostener posiciones que no responden a las necesidades de la institución, cuando se otorgan percepciones sin una contraprestación equivalente o cuando se colocan personas en responsabilidades para las que carecen de la capacidad, experiencia o talento necesarios. En esos casos, el costo no termina en la nómina: también se paga con la pérdida de eficiencia, con decisiones deficientes y, finalmente, con la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Si queremos mejorar las instituciones públicas, su capacidad de respuesta y el nivel de atención que proporcionan, resulta indispensable elevar el profesionalismo de sus áreas, en cada uno de los poderes y órdenes de gobierno. La profesionalización no puede reducirse a cursos, certificaciones o discursos sobre el servicio público; implica asignar responsabilidades considerando conocimientos, experiencia, capacidades y resultados, y que quienes ocupan un cargo sepan que su permanencia debe estar vinculada al cumplimiento de las funciones que les fueron encomendadas. Esto exige revisar una práctica que durante décadas ha formado parte de nuestra cultura política: utilizar los espacios públicos como mecanismo de recompensa. Las designaciones por compadrazgo, cuota, recomendación o simple agradecimiento político pueden tener una explicación desde la lógica de los grupos y las relaciones de poder, pero no necesariamente desde las necesidades de las instituciones. Una posición pública no debería ser el pago de una factura política ni una forma de resolver compromisos personales. Cuando una designación responde antes a un acuerdo político que a la capacidad, quien termina pagando la cuenta es el ciudadano.
Las instituciones públicas no son agencias de colocación de empleo. Son estructuras creadas para cumplir responsabilidades concretas y atender necesidades colectivas. Por eso, ocupar un espacio dentro de ellas debería implicar mucho más que contar con un nombramiento: tendría que significar asumir la responsabilidad de servir, administrar correctamente recursos que no pertenecen a quien los ejerce y responder por los resultados obtenidos.
La discusión sobre la nómina pública, entonces, no debería limitarse a cuánto gasta un gobierno en salarios, sino a qué tan capaz es de convertir ese gasto en valor público. Cada peso destinado a una remuneración representa una expectativa legítima de servicio. La verdadera austeridad no consiste únicamente en gastar menos, sino en evitar que los recursos públicos se utilicen para mantener estructuras improductivas o posiciones cuya utilidad institucional no puede justificarse.
El servicio público es una responsabilidad, no una prebenda. Porque cuando se entiende que el salario proviene de los ciudadanos, cambia también la manera de entender el cargo. Quien recibe una percepción del erario no trabaja solamente para quien lo nombró ni para el grupo político al que pertenece: trabaja para la sociedad. Esa obligación frente a la ciudadanía, aunque parezca elemental, es una de las condiciones necesarias para construir mejores instituciones.
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