El manual de la autocracia
Por Aurelio Contreras Moreno
La virulenta campaña de desprestigio desatada desde el poder contra el Instituto Nacional Electoral, su historia, sus expresidentes y prácticamente todo el entramado institucional construido durante las últimas tres décadas tiene demasiadas similitudes con la ofensiva que precedió a la reforma judicial como para considerarla una simple coincidencia.
El libreto es prácticamente idéntico. Primero desacreditan a las instituciones. Después las exhiben como “corruptas”, “inservibles”, “privilegiadas” y, por supuesto, “enemigas del pueblo”. Enseguida, convierten sus problemas reales en una condena generalizada contra todo lo que representan. Y finalmente, cuando el terreno político está suficientemente abonado, en sentido literal, proceden a desmantelarlas para sustituirlas por estructuras sometidas a sus intereses.
Nadie podría sostener seriamente que el antiguo Poder Judicial estaba exento de problemas y vicios como la corrupción, el nepotismo, abusos, privilegios y decisiones cuestionables. Existían y exigían una transformación profunda de sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Pero ninguna de esas deficiencias justificaba dinamitar la independencia judicial, someter a jueces y magistrados a procesos electorales vulnerados por la intervención política ni convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la caricatura institucional que hoy, con pena ajena, observamos.
Mucho menos justificaba la creación de esa suerte de nueva “Inquisición” encarnada en el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas amplias facultades sancionadoras representan una amenaza permanente contra cualquier juzgador que se atreva a resolver asuntos contrarios a los intereses del poder político. Los ejemplos de lo anterior ya comienzan a acumularse.
Ahora, el siguiente objetivo es el sistema electoral que hizo posible la transición democrática mexicana.
El INE tiene problemas, sin duda. Algunos muy graves, es clarísimo. Los escándalos relacionados con los desvíos de recursos durante la presidencia de Guadalupe Taddei, los cuestionamientos sobre contrataciones y los conflictos internos que han sacudido al organismo no pueden ni deben minimizarse. Sin embargo, de eso a concluir que toda la historia del IFE y del INE fue una farsa, que la democracia electoral liberal es un engaño y que el sistema debe ser sustituido por otro diseñado desde el poder, hay un abismo, al cual el régimen parece dispuesto a lanzar al país.
Es revelador y hasta irónico que quienes hoy pretenden presentar al instituto como una estructura podrida desde sus orígenes sean los mismos que llegaron al poder gracias a las reglas, instituciones y procedimientos electorales que ahora buscan demoler. Sin el proceso de construcción institucional iniciado en los años 90, sin la ciudadanización y autonomía de los organismos electorales, y sin las reformas que permitieron condiciones de competencia más equitativas, simplemente no se habría dado la alternancia presidencial del año 2000, y mucho menos el triunfo del propio Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia en 2024. Tan claro como eso.
Empero, el movimiento que se benefició de ese sistema democrático que llegó a funcionar de una manera verdaderamente eficaz pretende ahora deslegitimar las instituciones que hicieron posible su ascenso. La campaña contra el INE busca destruir la legitimidad de la institución y presentar la autonomía electoral no como una conquista democrática, sino como un obstáculo que debe eliminarse.
Es exactamente la misma operación discursiva utilizada contra la Suprema Corte y contra los organismos constitucionales autónomos que fueron desaparecidos para trasladar sus atribuciones a organismos y estructuras cuya independencia respecto del Ejecutivo es nula.
México se encamina hacia las elecciones intermedias de 2027 en medio de una ofensiva de descrédito que erosiona anticipadamente la confianza pública en los resultados, cualquiera que éstos sean. Si favorecen al oficialismo, éste podrá presentarlos como una “victoria popular” a pesar de las supuestas deficiencias del INE. Si le resultan adversos, la narrativa del árbitro corrupto le servirá para cuestionar la legitimidad del proceso. Y en ambos escenarios podrán buscar justificar una reforma de mayor calado.
No es una hipótesis surgida de la nada. La propia presidenta Claudia Sheinbaum adelantó el pasado 9 de noviembre que, una vez concluidas las elecciones de 2027, volverá a presentar su propuesta de reforma electoral, después de que sus anteriores iniciativas fueran desechadas. Tres días después fue todavía más explícita al plantear que debería discutirse la concentración de atribuciones en el INE y hasta la permanencia de los organismos públicos locales electorales.
La reforma que prepara el régimen y que ha tenido en su agenda desde que arribó al poder no busca corregir los problemas del sistema electoral, sino aprovecharlos y magnificarlos –sin aceptar su propia responsabilidad, como en el caso Taddei- para reducir sustancialmente la autonomía del INE e incluso desaparecerlo tal como lo conocemos, y así sustituirlo por un organismo subordinado a los intereses gobernantes.
La desaparición de los organismos autónomos y la transformación del sistema judicial muestran hasta dónde puede llegar un régimen político cuando confunde el mandato electoral con una autorización para concentrar de manera absoluta el poder y convertirse en una autocracia.
De manual, diría un clásico.
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