*Síndicas y regidoras de ambos municipios solicitaron la intervención del Poder Legislativo ante señalamientos sobre el manejo de recursos públicos; en Banderilla las acusaciones alcanzan directamente al alcalde José Antonio Sangabriel Fernández
Integrantes de los ayuntamientos de Banderilla y Amatitlán solicitaron formalmente al Congreso del Estado de Veracruz intervenir las tesorerías de ambos municipios ante presuntas irregularidades administrativas y en el manejo de recursos públicos, peticiones que fueron turnadas a la Comisión Permanente de Vigilancia para su análisis.
Las solicitudes fueron promovidas por síndicas y regidoras de los dos cabildos y coinciden en pedir la intervención del Poder Legislativo para revisar el funcionamiento de las áreas responsables de administrar los recursos municipales.
El caso de Banderilla tiene como antecedente una serie de cuestionamientos que se han acumulado durante varios meses contra la administración encabezada por el presidente municipal José Antonio Sangabriel Fernández, a quien las ediles atribuyen presuntas irregularidades de carácter administrativo, presupuestal y patrimonial.
La solicitud de intervención fue presentada por la síndica única Estefanía Cruz Morales, así como por las regidoras Myriam Lagunes Marín y Tanya Landa Carmona, primera y segunda, respectivamente. El documento tiene fecha del 3 de agosto de 2026 y fue turnado por el Congreso a la Comisión Permanente de Vigilancia.
Los cuestionamientos a las finanzas de Banderilla no son nuevos. Desde mayo pasado se dio a conocer que el Cabildo rechazó por mayoría aprobar los estados financieros y el corte de caja correspondientes a marzo, después de que fueran señalados pagos sin suficiente documentación comprobatoria, facturas presuntamente duplicadas y otras inconsistencias administrativas.
Entre las observaciones reportadas entonces figuró un cheque por 40 mil pesos a favor del tesorero municipal, respaldado con comprobantes correspondientes a productos diversos, desde café, galletas y agua embotellada hasta artículos de ferretería. También fueron observados cheques por 81 mil 900 y 14 mil 500 pesos que presuntamente carecían de documentación suficiente para comprobar su destino.
Además, se cuestionaron pagos superiores a 200 mil pesos por servicios de internet sin que, de acuerdo con lo expuesto en la sesión de Cabildo, existieran contratos que justificaran las erogaciones, así como gastos por mantenimiento de impresoras que aparentemente ya estaban incluidos en contratos de renta de equipos multifuncionales.
También se señalaron supuestas facturas duplicadas, fotografías correspondientes a eventos anteriores utilizadas para justificar gastos actuales, órdenes de pago sin especificar el fondo de origen y listas de raya que carecían de firmas de los trabajadores y del desglose correspondiente de impuestos.
En aquella votación, el alcalde José Antonio Sangabriel Fernández se pronunció a favor de aprobar los estados financieros, mientras que la síndica Estefanía Cruz Morales y la regidora Myriam Lagunes Marín votaron en contra y Tanya Landa Carmona se abstuvo. Ante ese resultado, los estados financieros fueron enviados al Congreso del Estado con carácter de “no aprobados”.
Una situación similar fue planteada desde el Ayuntamiento de Amatitlán, municipio gobernado por el alcalde morenista Horacio Aguirre Galo.
En este caso, la síndica Alma Rosa Clara Rodríguez y la regidora primera Dora del Carmen Jácome Lagunes informaron al Congreso sobre presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos municipales y solicitaron que se realice un proceso de revisión de la Tesorería.
El escrito fue fechado el 7 de agosto de 2026, cuatro días después de la solicitud presentada por las ediles de Banderilla, y también fue turnado a la Comisión Permanente de Vigilancia para el trámite correspondiente.
De esta manera, prácticamente de manera simultánea, integrantes de dos cabildos veracruzanos recurrieron al Congreso local para solicitar su intervención ante dudas y señalamientos sobre la administración de recursos públicos.
Será ahora la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado la instancia encargada de analizar ambas solicitudes y determinar si existen elementos para proceder a la intervención de las tesorerías de Banderilla y Amatitlán, así como las medidas de fiscalización que, en su caso, correspondan.
