La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz determinó que “ha lugar a proceder” contra los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, proponiendo al Pleno retirarles el fuero constitucional en una sesión extraordinaria programada para este miércoles 5 de agosto.
El proceso responde a solicitudes de la Fiscalía General del Estado, que investiga a González por su supuesta participación intelectual en el secuestro y homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Según la carpeta presentada, el edil habría ordenado a un presunto integrante de un grupo delictivo privar de la libertad a la periodista, tras enterarse de la existencia de una fotografía en la que aparecía armado. La defensa rechaza la acusación, señalando que se basa en el testimonio de un testigo indirecto y que la supuesta evidencia fotográfica no figura en el expediente.
Por su parte, Bravo enfrenta señalamientos por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, ocurrida el 14 de mayo de 2026. Ambos fueron vistos por última vez en un inmueble vinculado al alcalde en Barra de Chachalacas. La Fiscalía indaga si el edil tuvo participación en los hechos, mientras su defensa asegura que la reunión se relacionaba con una compraventa de adoquín y denuncia inconsistencias en los registros de telefonía.
Cabe subrayar que la resolución de la Comisión Instructora no implica responsabilidad penal, sino únicamente la autorización para que la Fiscalía pueda proceder. El desafuero requiere el voto de dos terceras partes del Congreso. De aprobarse, los alcaldes perderían la protección constitucional y quedarían sujetos a proceso penal.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que este miércoles serán analizadas las solicitudes de desafuero contra los alcaldes, en sesión extraordinaria privada, la cual podría ser programada para las 14:30 horas.
“A nosotros nos toca ver si existen elementos que pueden ser constitutivos para que en una carpeta o juzgado se desarrollen. Nosotros no estamos diciendo si son culpables o inocentes, hay que cuidar al final del día lo que esto pueda desencadenar en un juicio penal, donde ya se debe aplicar el debido proceso y la presunción de inocencia”, expuso.
