Un total de 306 unidades vehiculares propiedad de Gobierno del Estado de Veracruz, asignadas a la Secretaría de Seguridad Pública, consideradas desecho ferroso, serán subastadas públicamente, de acuerdo con la aprobación dada por la LXVII Legislatura al dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
El monto asignado a los vehículos generó controversia y un debate entre los legisladores, ya que hay unidades como camionetas Suburban blindadas modelo 2013 que serán subastadas en 36 mil pesos; incluso motocicletas Harley Davidson y BMW serán ofrecidas por 979.99 pesos por unidad. De acuerdo con el avalúo, las 306 unidades vehiculares ascienden a la cantidad total de un millón 678 mil 50 pesos.
El dictamen, discutido y votado en la Decimoséptima Sesión del Segundo Periodo Ordinario, consigna que de acuerdo con el expediente, las unidades vehiculares han sido utilizadas de manera permanente para el desarrollo de actividades oficiales como atención en materia de seguridad pública, tránsito, transporte, prevención, traslado de personal, atención administrativa regional, actividades operativas institucionales y comisiones oficiales dentro y fuera del estado.
Especifica también que de las inspecciones físicas, revisiones mecánicas, diagnósticos técnicos y análisis de mantenimiento efectuados por personal técnico competente, se advierte que las 306 unidades vehiculares presentan “un desgaste mecánico severo, daños estructurales irreversibles, fallas recurrentes, obsolescencia operativa, riesgos de seguridad para los usuarios, pérdida parcial o total de funcionalidad, así como afectaciones derivadas de corrosión en el chasis y sistemas mecánicos, con fallas en los sistemas eléctrico y mecánico”.
Por lo que, de manera generalizada, las fallas detectadas requieren “reacondicionamiento integral del sistema de suspensión, hojalatería, pintura, rehabilitación de interiores, reparación general de motor y cambio de neumáticos y rines, sin soslayar el incremento progresivo del gasto correctivo y la inoperatividad de las unidades por periodos prolongados, lo que fundamenta técnicamente su inviabilidad operativa y financiera”.
Cita además los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), según los cuales, los automóviles y equipo terrestre tienen una vida útil estimada de cinco años y una depreciación anual del 20 por ciento. En este caso particular, los vehículos presentan un periodo de explotación prolongado; el modelo más antiguo corresponde al año 2002 y el más reciente al 2019, por lo que han superado los parámetros de vida útil contable establecidos por la normatividad nacional y se encuentran totalmente depreciados en términos contables.
La Comisión Permanente de Hacienda del Estado destacó que el valor base fijado “constituye el límite mínimo legalmente permitido por la Federación. En consecuencia, el proceso de enajenación parte de un umbral financiero indexado oficialmente, lo que impide técnicamente cualquier subvaluación de los bienes materiales y asegura un ingreso proporcional justo para la Hacienda Pública Estatal”.
En el dictamen se mencionó que los recursos económicos que se obtengan serán destinados, preferentemente, a gastos contingentes no previstos y a los proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio fiscal.
Asimismo, en la misma sesión el Pleno de la LXVII Legislatura autorizó, por mayoría de votos, la subasta pública de 40 unidades vehiculares asignadas al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).
La diputada del PAN Montserrat Ortega Ruiz precisó que la depreciación de los vehículos se refiere a la deducción de impuestos y cuestionó el precio en que serán vendidos y el destino que tendrán unidades inicialmente destinadas a la seguridad pública que portan diseño y escudos oficiales.
A su vez, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso a discusión la idoneidad de la perito encargada de la valuación de las unidades y el proceso de dictaminación de la comisión encargada.
