Elaborar un censo oficial de periodistas representa un reto complejo y, si se diseña de manera incorrecta, podría incluso convertirse en un factor de riesgo, advirtió la organización Propuesta Cívica.
Durante la presentación del informe “Prohibido investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz 2004-2016”, Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área jurídica de Propuesta Cívica, y el abogado Carlos Domínguez pusieron sobre la mesa dos problemas que siguen vigentes en la entidad: la dificultad de establecer quiénes deben ser reconocidos como periodistas y las limitaciones de las instituciones encargadas de protegerlos.
¿Quién es periodista en Veracruz? La pregunta, lejos de tener una respuesta limitada a quienes trabajan en periódicos, estaciones de radio o canales de televisión, se ha vuelto central ante la proliferación de páginas informativas en Facebook, portales digitales y medios comunitarios.
Uno de los puntos centrales de la exposición de Pérez Guzmán y Domínguez fue precisamente la transformación que ha experimentado el ejercicio informativo. La actividad periodística ya no se desarrolla exclusivamente dentro de empresas de comunicación establecidas. En municipios y comunidades existen comunicadores cuya principal —y en ocasiones única— plataforma es una página de Facebook, un portal independiente o algún otro espacio digital. Eso complica cualquier intento gubernamental por elaborar un padrón cerrado de periodistas.

Los representantes de Propuesta Cívica fueron claros al definir la actividad desde el trabajo que se realiza y no necesariamente desde la pertenencia a una empresa determinada. “Los periodistas son los que están en el campo, los que están buscando las notas, los que están haciendo la fuente”, señalaron.
Desde esa perspectiva, el reconocimiento de una persona como periodista no debería depender exclusivamente de que cuente con una credencial de un medio tradicional, pertenezca a determinada organización, tenga estudios profesionales de comunicación o trabaje para una empresa periodística formal.
Pérez Guzmán y Domínguez advirtieron, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación, que estos periodistas comunitarios no deben ser minimizados, criminalizados o discriminados por la plataforma que utilizan para informar.
Es bajo estas condiciones que la posibilidad de elaborar un censo de periodistas en Veracruz se vuelve especialmente delicada. Los integrantes de Propuesta Cívica reconocieron que disponer de información confiable sobre las agresiones contra comunicadores constituye una necesidad. Pero una cosa es documentar las agresiones y otra muy distinta establecer desde el Estado una lista que determine quién es y quién no es periodista.
Además, Pérez Guzmán y Domínguez alertaron que un censo mal diseñado podría convertirse en un factor de riesgo para los propios comunicadores, especialmente si no existen garantías estrictas para la protección de sus datos personales.
El asunto adquiere todavía mayor relevancia en un estado donde los periodistas han sido víctimas de estructuras criminales y donde, según el informe, existieron relaciones entre actores gubernamentales, empresariales y del crimen organizado. Propuesta Cívica explica la macrocriminalidad precisamente a partir de la interacción de esas tres grandes estructuras y sostiene que estudiarlas conjuntamente permite identificar conexiones entre los ámbitos político, económico y criminal.
Así, concentrar información sobre periodistas, sus zonas de trabajo, medios, fuentes o actividades sin controles suficientemente sólidos podría generar nuevas vulnerabilidades en lugar de brindar protección.
Autoridades, como bomberos
El otro señalamiento relevante de la presentación estuvo dirigido hacia la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Pérez Guzmán y Domínguez consideraron que la CEAPP se encuentra rebasada por el contexto actual de violencia y violaciones graves de derechos humanos en Veracruz.
A juicio de los representantes de Propuesta Cívica, el organismo autónomo necesita un replanteamiento y una renovación, particularmente para fortalecer su capacidad de atención a víctimas.
Los especialistas cuestionaron una lógica institucional predominantemente reactiva y la resumieron con una frase: “Las autoridades están actuando como bomberos: ya inició el incendio, en vez de prevenirlo”.
“La misma película con distintos actores”
El informe de Propuesta Cívica documenta que durante el gobierno de Javier Duarte se registraron asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados de periodistas dentro de un escenario caracterizado por estructuras institucionales debilitadas o cooptadas.
Los investigadores advirtieron que varios patrones observados hace alrededor de 15 años continúan presentes. De ahí que definieran el panorama como “la misma película con distintos actores”.
El informe presentado analiza uno de los periodos más violentos para la prensa veracruzana y concluye que los homicidios de periodistas vinculados con el diario Notiver no pueden entenderse como acontecimientos independientes.
Entre los casos estudiados aparecen Miguel Ángel López Velasco, “Milo Vela”; su esposa, Agustina Solana Melo; su hijo Misael López Solana, también periodista; Yolanda Ordaz de la Cruz; Gabriel Huge Córdoba; Guillermo Luna Varela; Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
Propuesta Cívica sostiene que las fiscalías cometieron un error fundamental al fragmentar las investigaciones. El documento señala que los delitos y violaciones graves a derechos humanos eran investigados por separado, sin determinar si podían formar parte de una misma red delictiva; una perspectiva integral, sostiene, habría permitido detectar patrones, móviles y posibles responsabilidades, incluso de funcionarios públicos.
La conclusión del estudio es especialmente severa: las fiscalías carecieron de planes de investigación con hipótesis claras y teorías del caso sólidas y no abordaron los expedientes desde una perspectiva global de macrocriminalidad. Tampoco existe registro, según el documento, de análisis de contexto, de redes o financieros.