La mayoría legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas constitucionales y legales que incorporan tres cambios de alto impacto político e institucional: la posibilidad de anular elecciones por “injerencia extranjera”, la creación de una comisión para revisar antecedentes criminales de aspirantes a cargos públicos y la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta 2033 o incluso 2034.
Las modificaciones fueron discutidas y aprobadas durante el periodo extraordinario del Congreso y ahora deberán pasar por el Senado y, en algunos casos, por los congresos estatales para completar el proceso constitucional.
Anular elecciones por “injerencia extranjera”
Uno de los cambios más controvertidos es la reforma impulsada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, para incorporar la “intervención extranjera” como causal de nulidad de elecciones federales y locales.
La modificación al artículo 41 constitucional establece que el TEPJF podrá invalidar comicios cuando se acredite, con pruebas “plenas y fehacientes”, que un gobierno, organismo o agente extranjero intervino de manera directa o indirecta y que dicha conducta fue “grave, dolosa y determinante” para el resultado electoral.
El dictamen menciona diversas modalidades de posible intervención, como financiamiento ilegal desde el extranjero, campañas de propaganda, manipulación digital, desinformación y presiones políticas, económicas o mediáticas provenientes de otros países.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa argumentando que México necesita mecanismos legales claros para proteger la soberanía electoral frente a presiones externas, especialmente después de declaraciones y posicionamientos emitidos desde Estados Unidos sobre la política de seguridad y narcotráfico en el país.
Sin embargo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma tiene definiciones ambiguas y podría utilizarse de manera discrecional para impugnar resultados incómodos para el oficialismo. Legisladores opositores sostuvieron que expresiones periodísticas, informes internacionales, campañas digitales o incluso comentarios de actores extranjeros podrían terminar siendo interpretados como “injerencia”.
Comisión revisora de expedientes criminales
Otro de los cambios aprobados contempla la creación de una instancia de verificación para revisar antecedentes e indicios criminales de quienes aspiren a cargos de elección popular o posiciones dentro del nuevo esquema de elección judicial.
La llamada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas tendría facultades para revisar expedientes, verificar requisitos constitucionales y analizar posibles vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con el dictamen discutido en San Lázaro, esta comisión también podría aplicar evaluaciones de conocimiento y filtros adicionales antes de validar candidaturas. Morena ha defendido la medida argumentando que busca impedir la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y evitar candidaturas ligadas a redes delictivas.
No obstante, críticos de la propuesta sostienen que todavía no existen reglas claras sobre quién integrará esa comisión, qué instituciones proporcionarán información ni cuáles serán los estándares de prueba para impedir una candidatura. También existe preocupación sobre posibles violaciones a la presunción de inocencia y el uso político de expedientes o investigaciones abiertas sin sentencia judicial.
Magistrados electorales podrán reelegirse
La reforma judicial aprobada por la mayoría oficialista también modificó el calendario y las reglas para la elección de magistrados electorales, abriendo la puerta a que integrantes actuales de la Sala Superior del TEPJF permanezcan en el cargo hasta 2033 o 2034.
Los cambios aplazan la elección judicial prevista inicialmente para 2027 y la trasladan a 2028. Además, permiten que magistrados actualmente en funciones puedan competir nuevamente para permanecer en sus puestos.
Los magistrados potencialmente beneficiados son Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, cuyos periodos podrían extenderse varios años adicionales dependiendo de los resultados de la nueva elección.
El tema provocó divisiones incluso dentro de Morena. Legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero se abstuvieron durante parte de la votación, mientras otros diputados cuestionaron que la medida contradice el discurso oficial contra la reelección y la permanencia prolongada en cargos públicos.
La oposición acusó que la reforma representa un “premio político” para magistrados considerados cercanos al oficialismo, particularmente después de resoluciones relevantes del TEPJF relacionadas con la sobrerrepresentación legislativa de Morena y decisiones internas del proceso presidencial de 2024. Esta propuesta fue presentada de última hora, a manera de “albazo”, por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna.
El debate continuará ahora en el Senado, donde Morena y sus aliados también cuentan con mayoría suficiente para aprobar gran parte de las reformas constitucionales.
