A casi diez semanas desde los primeros reportes de hidrocarburos en las playas y en el mar, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, comunidades y organizaciones de la sociedad civil alertan que se está minimizando la afectación ecológica, sociocultural y a la salud, y exigen que se definan planes de acción para analizar los impactos, regenerar los ecosistemas y comunidades afectadas, y asegurar que no se repita un desastre como este.
A pesar de que en la conferencia de prensa del jueves 16 de marzo, el grupo interdisciplinario de atención al derrame señaló que “en recorridos realizados se evidenció la presencia de hidrocarburos en localidades entre Centla, Tabasco, hasta Playa la Pesca, Soto la Marina y Playa Bagdad en Tamaulipas, pero dichas playas quedaron totalmente limpias en pocos días”, la información recopilada por la Red Corredor Arrecifal indica otra realidad en las costas.
De acuerdo con la comunicación directa con habitantes y los recorridos de inspección junto con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en el mes de abril, fue evidente la presencia de chapopote en por lo menos 81 sitios, donde se reportaron manchas grandes (16 sitios) y medianas (17 sitios) de hidrocarburos de distintos tamaños, y en la mayoría de las playas hay miles de pequeñas manchas y hojuelas de hidrocarburos, que son difíciles de retirar. En total hay 113 sitios afectados por el derrame entre febrero y abril de 2026, a lo largo de mil 168 km de litoral, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.
Hasta la fecha, enfatizó la Red, siguen recalando manchas de hidrocarburos con las corrientes o pegado al sargazo que se ha reportado en varias de las playas. En días recientes, se reportó un arribo considerable de hidrocarburo en Punta San Juan, municipio de Pajapan, Veracruz (20 de abril 2026), y en la Barra de Tupilco, municipio de Paraíso, Tabasco (21 de abril 2026). Estos reportes indican que probablemente haya quedado hidrocarburo en el fondo del mar que es arrastrado a las playas por las corrientes y por eventos climáticos conocidos como “Nortes”, lo que evidencia un impacto en el fondo del mar, que no se está analizando ni atendiendo.
También en el monitoreo ciudadano se evidencia una afectación significativa a la flora y fauna: hasta la fecha se han registrado 22 tortugas marinas, cuatro delfines, dos pelícanos, un manatí y numerosos peces sin vida. Asimismo, se reportan impactos en manglares y posibles daños a los arrecifes, los cuales deberán ser evaluados y monitoreados de manera continua.
Resaltaron que las acciones de limpieza coordinadas por las autoridades y Petróleos Mexicanos (Pemex) se han centrado, sobre todo, en sitios de importancia turística y más accesibles, mientras que los lugares más rurales y rocosos han tenido poca atención. También informaron que han observado, en la distribución de los esfuerzos de limpieza e inspección, una desigualdad entre regiones, que es reflejo de las injusticias y violencias estructurales hacia comunidades rurales e indígenas. Señalan que especialmente las comunidades más retiradas o marginadas han tenido una respuesta lenta, menos efectiva o, incluso, ausente.
La Red Corredor Arrecifal mencionó que de acuerdo con los reportes ciudadanos, en al menos 16 de los sitios afectados la limpieza ha sido realizada exclusivamente por las comunidades, en 36 sitios por la comunidades junto con autoridades, y en tres solamente por autoridades y nueve por Pemex a través de los servicios de una empresa contratada.
Respecto de las declaraciones durante la conferencia de prensa del 16 de abril, sobre la responsabilidad de Pemex y la fuente del derrame en los ductos del campo Akbatun, activa del 4 al 17 de febrero, la Red Corredor Arrecifal reiteró lo indispensable que es la transparencia en la información sobre las causas, extensión y atención al derrame, y la participación de investigadores interdisciplinarios, así como de la asunción de las responsabilidades estructurales e integrales del daño.
Señaló que la suspensión de sus cargos a tres funcionarios, los recorridos de inspección visual, las acciones para retirar chapopote y la creación del observatorio no son una respuesta institucional satisfactoria, ya que minimizan el impacto e individualizan una responsabilidad que es estructural, forma parte de un sistema que ha protegido a la industria petrolera a costa de la vida que habita en el Golfo de México.
Asimismo, la Red alertó que no se ha anunciado ningún programa de regeneración integral de los ecosistemas y comunidades afectadas, dado que el impacto es mucho más profundo de lo que se dice en el discurso oficial. “Por un lado, hay pérdidas económicas graves sufridas por las comunidades y familias costeras, especialmente porque no han podido salir a pescar por temor a afectaciones en los equipos de pesca. De igual forma, ha habido una baja venta de pescado crudo y preparado en los municipios afectados; se redujo la presencia de turismo en una de las temporadas más importantes del año y han tenido que coordinar acciones de limpieza, exponiéndose a los riesgos de salud”.
Las indemnizaciones anunciadas hasta el momento solamente se han dado a algunas personas en la zona de Cárdenas y Paraíso, Tabasco, y Coatzacoalcos, Veracruz, y no hay claridad en las otras zonas si recibirán indemnizaciones, más allá de los apoyos usuales al sector pesquero que no se deben considerar como tal. Además, las comunidades señalan que 15 mil pesos no son suficientes en relación con el daño ocasionado y se deberían de considerar los daños a todo el sector pesquero y turístico de los estados afectados ya que todos han tenido una baja venta debido al derrame.
Las afectaciones socioambientales han impactado más gravemente a las comunidades indígenas y rurales, así como a las mujeres y niñeces. Como señala una mujer pescadora: “Nos han dicho que evidenciemos los impactos que estamos viviendo, pero ¿cómo evidenciamos los días que no hemos podido salir a trabajar, el miedo por perder el sostén de nuestras familias, el estrés por tener que lidiar con la situación, la frustración porque nos dicen que estamos exagerando, que solo son ‘gotitas’? Para las indemnizaciones se basan en un padrón de pescadores registrados que no sabemos si refleja la realidad, y ¿qué pasa con todas las mujeres y hombres que no están registrados ahí y han sido afectados?”.
La Red Corredor Arrecifal, comunidades y organizaciones ambientalistas locales rechazaron que el Golfo de México se destine como una zona de sacrificio y exigen acciones para que éste sea el último derrame que impacte gravemente en la gran riqueza de ecosistemas y comunidades costeras y laguneras.
La Red Corredor Arrecifal y las comunidades afectadas hacen un llamado a las autoridades responsables y a Pemex para que amplíen sus acciones para dar una atención integral al derrame petrolero, que repare los daños generados y asegure la no repetición de este desastre socioecológico. Específicamente, exigen:
- Establecer una mesa de trabajo para la atención al derrame, con diálogo respetuoso, entre el grupo interinstitucional, comunidades y personas afectadas de diferentes sectores y la Red Corredor Arrecifal, con participación del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) para asegurar el respeto a los derechos colectivos y la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y/o afromexicanas afectadas.
- Impulsar de forma urgente un programa de monitoreo y evaluación de impacto que incluya estudios independientes de la contaminación de la biota, meiofauna, los sedimentos y el agua en las playas y lagunas impactadas, así como en la salud de las personas expuestas a los hidrocarburos. Urge tener certeza sobre si se pueden consumir las especies y cuales medidas de salud se tiene que tomar.
- Establecer mecanismos transparentes y con perspectiva de género e intercultural para destinar indemnizaciones y apoyo social en coordinación con las comunidades afectadas para evitar generar conflictos. Para ello, dar atención prioritaria a las comunidades indígenas, afromexicanas y en zonas retiradas, así como a las mujeres y niñeces, y a las personas que han realizado acciones de restauración y limpieza de estos ecosistemas.
- Transparentar el manejo y disposición final de los residuos peligrosos de los hidrocarburos recolectados, así como los riesgos a corto y largo plazo que implica la exposición a estas sustancias.
- Establecer mecanismos de vigilancia a la industria petrolera privada y pública, lo que implica también levantar las restricciones para la realización de investigaciones en las zonas de los pozos petroleros.
- Destinar un grupo independiente e interdisciplinario para analizar las estructuras y mecanismos que han permitido las omisiones y agravado el impacto socioambiental del derrame, para determinar cambios estructurales necesarios que aseguren la no repetición.
- Establecer la protección del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México como prioridad nacional con acciones proactivas para restringir las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Golfo de México. Específicamente, establecer una Zona de Salvaguarda en aguas someras que prohíbe las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
