Diputados oficialistas desoyeron los argumentos de expertos y de la sociedad en general y sin cambiar ni una coma, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, preparó un Proyecto de Dictamen para la Iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación –conocida como “Ley Buylla”- enviada por el Ejecutivo el pasado 13 de diciembre de 2022 para votarlo esta semana, acusaron integrantes de organismos civiles.
Dicha iniciativa y dictamen “ad hoc” –aseguraron- atentan contra la ciencia, y la sociedad en su conjunto, porque no protegen los derechos humanos asociados a la ciencia que se encuentran en tratados internacionales.
“No garantiza la libertad de cátedra, investigación y acceso a la justicia entre otros. Carece de un órgano deliberativo en el que participe la comunidad científica, estados y municipios; es decir, no fomenta la gobernanza. Es discriminatoria, viola el principio de equidad y derecho a participar y ser reconocidos que tienen estudiantes, posdocs e investigadores de universidades privadas; limita la participación de sectores de la sociedad, como la iniciativa privada”, puntualizaron.
La iniciativa también restringe los derechos humanos de los integrantes de los Centros Públicos de Investigación (CPIs), los órganos de gobierno del nuevo CONACYT y CPIs, limitan la participación de académicos e instituciones de investigación, los CPIs quedan subordinados al nuevo CONACYT y sus directores tendrán términos reducidos y podrán ser removidos con mayor facilidad.
“Se viola el Derecho Humano de recibir los frutos del trabajo de la investigación e innovación al obligar la cesión de derechos al CONACYT”, sentenciaron, al tiempo de señalar las debilidades que se han observado en los parlamentos abiertos y la necesidad de continuar con el análisis antes de votar con premura la ley.
