El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera etapa del Plan B.
El INE denuncia la posible invasión de sus facultades legales. Además de la controversia el organismo electoral también promovió una acción de inconstitucionalidad contra las mismas reformas, pero en ese juicio combate la presunta violación a principios de la carta magna.
“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señala el acuerdo del ministro Pérez, donde admitió a trámite la denuncia del INE.
