Morena y aliados aprueban «Plan B» de AMLO que compacta órganos electorales, les quita recursos y les prohíbe anular candidaturas aún con irregularidades graves; pasa al Senado

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Sin leer las más de 300 páginas de la iniciativa presentada minutos antes de su discusión, Morena y sus aliados aprobaron esta madrugada reformas a seis leyes secundarias que restan facultades y compactan al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por tratarse de reformas secundarias que no requerían de votación calificada, la alianza oficialista avaló las iniciativas por mayoría simple. La oposición acusó un albazo y definió el proceso como desaseado e ilegal.

El bloque opositor (PAN, PRI, PRD y MC) había contenido previamente la intención del Gobierno federal de suprimir al INE mediante una reforma constitucional. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó desde el mediodía el denominado «Plan B» con modificaciones no constitucionales a leyes electorales secundarias.

Distintos oradores presentaron mociones suspensivas para debatir en comisiones las iniciativas, pero fueron desechadas.

Luego de la ronda de oradores que fijó posicionamientos, los diputados del bloque opositor abandonaron el pleno de San Lázaro en protesta por el «desaseo legislativo» y no participaron presencialmente en la votación.

El panista Jorge Triana dijo en tribuna que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa «un burdo sabotaje» al proceso electoral de 2024. Rodeado por diputados panistas, quienes taparon su boca con pegotes que tenían la leyenda «Que hable México», Triana encabezó la salida en silencio del recinto.

Los morenistas les gritaron «¡Afuera los traidores!». El morenista Leonel Godoy dijo que el abandono opositor era una actitud antidemocrática y afirmó que las reformas a seis leyes secundarias pretendían ahorrar 3 mil millones de pesos.

Previamente, Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, señaló que la decisión no tenía precedentes. «Es una reforma espuria, un trámite vergonzoso; les anticipo que el Senado no dispensará los trámites y se tendrá que discutir, y si es a favor, nos vemos en la Corte. Ya hay precedentes y por unanimidad, nos van a volver a enmendar la plana».

Carlos Puente, del Partido Verde, sustentó el voto a favor de su partido  «porque la oposición cerró los espacios» de un acuerdo. El PVEM enmendó la iniciativa gubernamental para garantizar disposiciones que no afectarán su registro y les permitieran guardar remanentes de financiamiento público por varios años.

Permiso para abusar

El «Plan B» elimina los fondos y fideicomisos del INE, el Servicio Profesional de Carrera y la Secretaría Ejecutiva. Fija seis meses para compactar los salarios en el instituto para que nadie gane más que el Presidente y da temporalidad a órganos electorales en las juntas distritales para que funcionen solo 260 en lugar de 300.

Entre lo más grave es que le reduce al INE, al igual que al TEPJF, las facultades para sancionar a funcionarios que hagan campaña anticipada, por lo cual ambas instituciones no podrán cancelar candidaturas por faltas graves.

Los consejeros solo podrán emitir reglas y lineamientos en materia de resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos e impresión de documentos.

Los partidos serán sancionados cuando en su propaganda difundan expresiones que calumnien a personas, partidos y a gobiernos emanados de ellos.

También se propone fusionar el PREP que hace conteo de actas de casilla con un escrutinio de votos en tiempo real para que los datos se conozcan la misma noche de la elección.

Los cambios 

  • El Conacyt se une al INE como los conductores del voto electrónico.
  • Se revisará el tabulador salarial de los consejeros electorales.
  • El conteo distrital iniciará el día de la elección; se transmitirá en tiempo real.
  • INE y TEPJF tendrán prohibido cancelar candidaturas por faltas graves.
  • Por austeridad, desaparece la mayor parte de los vocales distritales.
  • El calendario electoral se acorta: iniciará en diciembre, no en septiembre.

El ajuste administrativo deberá estar listo en 2023 y los demás cambios al procedimiento electoral se aplicarán para las elecciones presidenciales del 2024.