Tres días después del nombramiento y ante las críticas por la clara violación a la Ley Orgánica de la casa de estudios, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana justificó la designación de Juan Ortiz Escamilla como secretario académico con base en el “respeto de sus derechos humanos”.
En una larga carta, la Junta de Gobierno decidió “transparentar sus decisiones” y explicó que desde el viernes 14 de octubre de 2022 recibió oficio del rector Martín Aguilar Sánchez, en el que les informaba sobre la renuncia de Elena Rustrián Portilla “por enfermedad” al puesto de secretaria académica y solicitaba al órgano colegiado el nombramiento de un(a) nuevo(a) titular entre los integrantes de una terna asentada en el oficio recibido. Algo de lo que rectoría jamás comunicó nada a la comunidad universitaria.
En el proceso de verificar los requisitos contra los documentos comprobatorios recibidos, la Junta de Gobierno reparó que el único integrante de la terna que no cumplía con un requisito era Juan Ortiz Escamilla, ya que se establece en la Ley Orgánica de la UV que para desempeñar la Secretaría Académica se deben tener menos de 65 años de edad al momento de su designación.
La Junta de Gobierno adujo una “controversia o incongruencia legal” entre la Ley Orgánica y el Estatuto General, ya que el segundo no contempla el requisito de edad, pero reconoció que la primera es “el documento superior en el orden de prelación jurídica que nos rige”.
Sin embargo, en una interpretación forzada de la normatividad, la Junta de Gobierno decidió aplicar el criterio del Estatuto General, una norma menor, con el fin de “eliminar la discriminación al no restringir el ejercicio pleno de los derechos de una persona mayor de 65 años si goza de todas sus capacidades y aptitudes”.
Mencionaron también que la UV cuenta con un antecedente en el nombramiento de la titularidad de la Secretaría Académica durante la designación rectoral de 2017, en la cual la Junta de Gobierno nombró a María Magdalena Hernández Alarcón, también mayor de 65 años, quien ejerció el puesto por cuatro años, como señalaba su nombramiento y sin restricciones de su edad.
“Acorde con este precedente, pues el caso del doctor Ortiz es semejante en todo, y guiados por los principios del Artículo 1 de la Constitución Mexicana que establece la obligación de todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como también exige que la interpretación de la norma en materia de derechos humanos sea pro persona, es decir, que se aplique la norma más favorable a la persona, la JG aplicó la que señala el Artículo 3 del Estatuto General”, arguyeron.
El pasado viernes 21 de octubre, por mayoría calificada “se concluyó que el doctor Ortiz Escamilla cuenta con un CV sobresaliente, distinciones importantes y reconocimientos nacionales e internacionales que se traducen en su reconocida honorabilidad y el respeto de sus pares; además, cuenta con extensas publicaciones en editoriales importantes, así como probada experiencia de los procesos académicos y administrativos que, en estos momentos, hacen que en él concurran la visión y la experiencia necesarias para impulsar y consolidar la importante función de la Secretaría Académica de nuestra Universidad”.
La Junta de Gobierno solicitó a la comunidad universitaria “ponderar la decisión tomada por este órgano colegiado en atención a los antecedentes de derechos humanos iniciados en 2017 en un asunto similar, así como dentro del marco de su responsabilidad de respaldar la certeza legal y la estabilidad de la Universidad en momentos de gran desmesura e intromisión política en sus asuntos académicos”.
“Por último, queremos asegurar a la comunidad universitaria nuestra disposición para responder a las preguntas que se le hagan llegar de manera formal y respetuosa. Asimismo, manifestamos nuestro irrestricto respeto a la libertad de expresión y confiamos en la madurez de la comunidad universitaria para discernir las opiniones expresadas por intereses individuales, de aquellas que se preocupan por el ejercicio práctico, y muchas veces difícil, del respeto a los derechos humanos y los procesos académicos, pues ello contribuye a garantizar la autonomía de la Universidad”, espetó la Junta de Gobierno, ante las críticas a su opaco desempeño.
