Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, éstas han incrementado en 85 por ciento. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.
“No nacimos hace tres años. Precisamente por eso, sabemos, a pesar de la negación, que hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”, afirma la organización en su informe anual 2021 titulado, precisamente, «Negación».
“La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”, subraya el informe de Artículo 19.
Como parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, se expuso que durante 2021 la organización registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas. Artículo 19 refiere que de estos ataques, el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política con 285 agresiones.
De acuerdo con el reporte, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado mil 945 ataques contra la prensa, incluido el asesinato de 33 periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más.
Si estos datos se contrastan con los registrados por Artículo 19 durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se documentaron mil 53 agresiones y el asesinato de 16 comunicadores, se advierte un incremento del 85 por ciento.
El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades. “Por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualiza el informe.
También se expone la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, lo que es un obstáculo para la pluralidad mediática. Datos preliminares refieren que La Jornada, Televisa y TV Azteca representan el 33 por ciento de la totalidad del gasto de comunicación social de la actual administración.
«Por otra parte, la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias matutinas del presidente sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección ‘Quien es quién en las mentiras’ y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables», enfatiza Artículo 19.
De igual forma, la organización identificó que el año pasado continuó la tendencia de regularización del espacio digital; a través de procesos opacos y poco participativos para aprobar iniciativas en detrimento de los derechos digitales.
Se refiere también la narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno, la cual ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.
«La propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8 por ciento menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70 por ciento recibido por la Guardia Nacional en 2022», se detalla.
El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. Artículo 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH, de los cuales 56 por ciento afirmó no confiar.
El informe advierte que las políticas continúan planteándose de manera disociada. «El gobierno federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual administración».
