En un acto desesperación, el régimen morenista de Veracruz en pleno se lanzó a defender el tipo penal de ultrajes a la autoridad, cuya inconstitucionalidad sería decretada este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió una carta a la SCJN en la que arguye por qué debe permanecer en el Código Penal del Estado el delito de ultrajes a la autoridad, asegurando que, a diferencia de otras entidades, el ilícito y la pena son claros.
Pese a la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), García argumentó que derogar ese delito traería consecuencias negativas en materia jurídica. «Se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrá sancionar con otros delitos. Podría suceder un incremento en las agresiones a quienes ejercen funciones de seguridad pública. Asimismo, las personas que estén en prisión por haber cometido este ilícito, quedarían en libertad», aseguró.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que gracias a este tipo penal se logró aprehender a generadores de violencia, por lo cual una resolución desfavorable por parte de la SCJN pondría -según él- a todos estos delincuentes en libertad.
Afirmó que con la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad se «logró disminuir de manera significativa delitos de alto impacto en el estado de Veracruz», que pasó «de los primeros lugares en inseguridad a descender sustancialmente en comparación con otros estados».
No obstante -reparó-, el Congreso local «respetará la decisión que tome la SCJN este lunes sobre la reforma al delito de ultrajes a la autoridad».
A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Romero de la Cruz, fue más allá y calificó como «aberrante que se derogue» el tipo penal de ultrajes a la autoridad, ya que según ella, se dejaría a la policía «desamparada totalmente».
El pasado 9 de febrero, el Gobernador aseguró que de las mil 33 personas privadas de la libertad por el delito de ultrajes, al menos 40 son jefes de plaza de cárteles delictivos y otros 525 son lugartenientes.
Este delito fue modificado el 1 de marzo de 2021 por el Congreso de Veracruz, que endureció las penas para quienes agredan a elementos que ejercen funciones de seguridad pública, mismas que pueden ser de entre seis meses y dos años de prisión, hasta de cinco y siete años.
