Por Emilio Cárdenas Escobosa
Desde luego que es lógico que el grupo de políticos que se congregaron el pasado sábado 5 de febrero en la Plaza Lerdo de Xalapa para dar el banderazo de salida al Movimiento por la Justicia con el que pretenden buscar la liberación de mil 33 personas detenidas bajo el delito de ultrajes a la autoridad, hayan aprovechado esta inmejorable oportunidad para volver a escena que les ha dado la cerrazón y soberbia del gobierno veracruzano.
Si el demostrado abuso de parte de policías, jueces de consigna y personal de la Fiscalía General del Estado, en el caso de un grupo de jóvenes injustamente detenidos y retenidos en un penal veracruzano por varios meses, en una flagrante fabricación del delito de ultrajes a la autoridad, llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación al gobierno veracruzano para derogarlo, ello debió bastar para que se manejara con pinzas este asunto.
Pero, no. El apoyo del presidente López Obrador al gobernador Cuitláhuac García en este caso y en todos los demás en los que ha estado en el ojo del huracán el mandatario, y la extinción en el Senado de la República de la Comisión impulsada por Ricardo Monreal y secundada por Dante Delgado para investigar las denuncias de presunto abuso de poder en Veracruz, fue interpretada por los morenistas jarochos como una apabullante victoria.
Pero el gozo se fue al pozo y lo que hasta hace algunos meses se veía como improbable sucedió:
Ciudadanos, académicos, profesionistas y políticos de distintos partidos anunciaron en la explana de la Plaza Lerdo de Xalapa, la creación del Movimiento por la Justicia, que busca la libertad de las personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, a la vez que rompió lanzas en contra del Gobierno de Veracruz.
Políticos como el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, la secretaria general del PAN, Indira Rosales, el senador del blanquiazul, Julen Rementería, y los ex candidatos a gobernador por el PRI, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, así como un grupo de abogados y académicos encabezados por el constitucionalista Tomás Mundo Arriasa y la doctora Rosa Hilda Rojas, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Penal Procesal, así como representantes de organizaciones, barras y colegios de profesionales del derecho, se le aparecieron al gobierno morenista local.
Bajo el argumento, irrefutable por todo lo que se ha documentado, de que en los meses recientes se ha atentado contra las libertades de los ciudadanos a través de persecución y presión, este grupo anunció que buscará impedir que inocentes sean encarcelados por el gobierno de Cuitláhuac García.
¿Quién puede estar en contra del propósito expresado en la Plaza Lerdo de que “los ciudadanos no tenemos otra opción más que iniciar un Movimiento por la Justicia, porque si la autoridad viola nuestros derechos, si nos niega la justicia, amenaza nuestra libertad, no tendremos otra alternativa que luchar por defendernos», como expresó Dante Delgado, quien fue más allá y señaló que las autoridades de Veracruz pagarán el terrible daño que le han causado a Veracruz y su gente ante la soberbia e intransigencia del Gobierno estatal, y la complacencia y protección del Gobierno federal».
Pasaron dos días para que se les diera respuesta. Y desde luego, como era previsible, un crecido gobernador Cuitláhuac García se burló del Movimiento por la Justicia y dijo que “ve más gente en la cola de las tortillas”, y que sus promotores “vivían del régimen corrupto y represor y ahora toman otra bandera”. Y fue más allá al asegurar que entre los presos por ultrajes que quieren sacar, están “40 jefes de plaza”.
Y ya encarrerado criticó a los abogados que se sumaron al movimiento, y que trabajarán en la defensa de los detenidos por ultrajes, a quienes dijo que buscan defender a sus “amigos corruptos y delincuentes”. Ríspida la respuesta del mandatario que refuerza la idea de que se envió una iniciativa al Congreso local para dizque cumplir la recomendación de la CNDH, pero por lo visto y dicho por el titular del Ejecutivo del Estado parece que estará en la congeladora legislativa.
Ahora corren las apuestas sobre el rumbo que tomará el Movimiento por la Justicia. Si perderá gas al correr de las semanas o si al iniciar las primeras promociones en defensa de los detenidos a los que defenderá, el sentido de su accionar irá creciendo en legitimidad. Porque una cosa es segura: muchas personas, entre las que me incluyo, le daremos credibilidad a esta iniciativa si se pasa de los discursos de los políticos a las acciones de los abogados que los acompañan.
Pero lo que es altamente probable que suceda es que este movimiento irá creciendo porque al reclamo de los abusos de poder seguramente se sumarán muchas demandas sociales insatisfechas, alentadas por la desatención oficial, la omisión en la atención y seguimiento a denuncias en temas como acoso sexual, malos manejos de recursos públicos, compras gubernamentales a modo, enriquecimiento de notables personajes de la Cuarta Transformación aldeana, entre muchas más que han merecido el olímpico desaire gubernamental.
Ya si Dante, Julen, los Yunes, los dirigentes, legisladores, ediles o personajes de la oposición sacan provecho de ello con fines electorales, para recomponer sus alicaídas imágenes, para crecer en simpatías populares, la culpa y solo la culpa es de quienes los han dotado de combustible para sus misiles en contra del gobierno.
Lo que es notorio es que este movimiento que perfila ya una posible alianza opositora de cara a las elecciones del 2024 causó nerviosismo en Palacio de Gobierno y de ahí la airada respuesta del mandatario veracruzano.
Ya veremos en qué termina este episodio que puede efectivamente ser de largo aliento y nutrirse con los yerros de la actual administración, más los que seguramente se acumularán de no imponerse la mesura y la sensibilidad políticas, hasta ahora ausentes en el accionar de nuestra peculiar Cuarta Transformación a la veracruzana.
