Casi 48 horas después de su detención, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la Fuerza Civil puso a disposición de la autoridad ministerial a César Julián Herrera Víquez, reportado como desaparecido desde el viernes.
Este sábado, familiares y amigos de César Julián Herrera Víquez denunciaron que esta persona fue sustraída ilegalmente de sus oficinas el pasado viernes por elementos de la Fuerza Civil y policías ministeriales en el municipio de Coatepec.
Asimismo, en el transcurso del mismo sábado se reportó en redes la desaparición de otras tres personas en Coatepec, en igualdad de circunstancias: se trata de Abraham Serratos, Erick Hernández y otra persona solo identificada como Rubén.
Cabe mencionar que mientras se solicitaba ayuda en redes para dar con su paradero, desde envíos de «mailing» y a través de Whatsapp se difundió un libelo difamatorio en contra de César Julián Herrera Víquez, acusándolo de supuestos «delitos federales» y dándole una connotación política a la propia actuación de los elementos policiacos del Gobierno de Veracruz.
Al mediodía de este domingo, la Comisión Estatal de Búsqueda y por sus propios familiares informaron que Herrera Víquez y Abraham Serratos fueron localizados con vida. Pero pasadas las 4 pm, la Fiscalía General del Estado dio a conocer en redes sociales que en el caso del ciudadano costarricense, «fue puesto este día a disposición de la autoridad ministerial por elementos de la Fuerza Civil» y que «respetando sus derechos humanos y dentro del término constitucional, será determinada su situación jurídica».
Abogados consultados por La Clave afirman que por ningún motivo puede justificarse la incomunicación, ya que es uno de los primeros derechos que tiene toda persona detenida: ser informado del motivo de detención, contar con asesoría jurídica desde ese momento y comunicarse inmediatamente con abogado o familia. Por lo que en este caso, las autoridades veracruzanas violentaron sus derechos y lo dispuesto en el artículo 20 constitucional apartado B y en el numeral 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, en su publicación en redes la Fiscalía General del Estado reveló el nombre completo del presunto imputado, violando su presunción de inocencia.
