*Con 39 votos a favor y cuatro en contra, los diputados locales modificaron la definición legal de los derechos humanos para dejar de reconocerlos como prerrogativas inherentes a las personas. La polémica reforma fue promovida por la propia presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Regina Pérez López.
En una decisión que ha generado cuestionamientos por sus posibles implicaciones constitucionales, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma que modifica sustancialmente la definición de los derechos humanos en la legislación estatal, al sustituir su reconocimiento como prerrogativas inherentes a la dignidad de las personas por el concepto de “expectativas de protección y no lesión” vinculadas a un ordenamiento jurídico.
La modificación fue avalada este jueves 12 de noviembre por 39 diputados, mientras que solamente cuatro votaron en contra, pese a las advertencias de que la nueva redacción podría representar un retroceso respecto de los principios establecidos en la Constitución federal y los tratados internacionales suscritos por México.
El cambio se incorporó al artículo primero de la Ley 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), que anteriormente reconocía los derechos humanos como condiciones de vida, prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza y dignidad de las personas.
Con la nueva disposición, los derechos humanos pasan a describirse como expectativas reconocidas por un ordenamiento jurídico, una formulación que abre la puerta a interpretaciones que podrían debilitar su carácter universal, inalienable y exigible frente a las autoridades.
La controversia no es menor, pues mientras la definición anterior partía del principio de que los derechos corresponden a todas las personas por el simple hecho de serlo, la nueva redacción introduce un concepto que podría interpretarse como una protección condicionada al reconocimiento de las normas jurídicas.
La propia presidenta de Derechos Humanos impulsó el cambio
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que fue promovida por la presidenta de la CEDHV, Minerva Regina Pérez López, quien presentó la iniciativa desde el pasado 9 de abril.
La propuesta tenía como propósito declarado actualizar las atribuciones y el funcionamiento del organismo, particularmente en materia de transparencia, protección de datos personales y autonomía institucional. Sin embargo, dentro de esas modificaciones administrativas se incluyó el cambio conceptual sobre la naturaleza de los derechos humanos, pese a que no resultaba indispensable para ampliar las facultades de supervisión de la Comisión.
La definición aprobada ya aparecía en el reglamento interno de la CEDHV, circunstancia que también fue cuestionada durante el debate legislativo, pues se utilizó una disposición reglamentaria para justificar la modificación de una norma de mayor jerarquía.
De esta manera, el organismo encargado de promover y defender los derechos fundamentales de los veracruzanos fue el impulsor de una reforma que, de acuerdo con sus críticos, podría debilitar el fundamento jurídico de su propia función.
Durante la discusión, el coordinador de la bancada del PAN, Enrique Cambranis Torres, rechazó que los derechos humanos puedan equipararse a simples expectativas, al considerar que ello desconoce su naturaleza inherente a todas las personas.
El legislador sostuvo que una expectativa implica la posibilidad de obtener algo, mientras que los derechos humanos constituyen prerrogativas existentes y exigibles, independientemente de la voluntad de las autoridades.
Por su parte, la diputada Montserrat Ortega Ruiz advirtió que la modificación podría contravenir el espíritu de la reforma constitucional de 2011, que transformó el sistema mexicano de protección de los derechos humanos. Aquella reforma estableció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de reconocer los establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Ortega recordó que los derechos no son concesiones gubernamentales, sino atributos que corresponden a las personas desde su nacimiento y cuyo reconocimiento y protección son obligaciones del Estado.
En el mismo sentido, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar cuestionó el cambio de definición y advirtió que podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, aunque finalmente votó a favor del dictamen.
