*Familiares de Julio César Flores Pérez y Estibaliz Javivi Hernández Bueno acusan al juez Óscar Hernández Carmona de incumplir una sentencia de amparo que ordenó revisar la prisión preventiva impuesta a ambos. También señalan presuntas irregularidades de la Fiscalía de Veracruz, amenazas y el deterioro en la salud de la madre.
Los hijos de un matrimonio recluido en el penal de Pacho Viejo denunciaron presuntas irregularidades judiciales, dilaciones procesales y un posible incumplimiento de una sentencia de amparo federal que favoreció a sus padres desde julio pasado, sin que hasta ahora hayan conseguido que se modifique la medida cautelar que los mantiene privados de su libertad.
Se trata de Julio César Flores Pérez y Estibaliz Javivi Hernández Bueno, quienes enfrentan un proceso penal iniciado en 2024 y permanecen internados en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, luego de que el juez Óscar Hernández Carmona determinara sustituir el resguardo domiciliario que cumplían por prisión preventiva justificada.
Mediante un expediente de denuncia dirigido a autoridades federales, sus hijos Valeria y Armando Levy Flores Hernández acusaron que el juzgador local habría desatendido los efectos de una sentencia dictada por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz, dentro del juicio de amparo indirecto 309/2026.
De acuerdo con la documentación presentada por la familia, el 2 de julio de 2026 la justicia federal concedió el amparo a sus padres al identificar deficiencias en la fundamentación y motivación de la resolución que los envió a prisión, así como omisiones en la valoración de pruebas y en el análisis de proporcionalidad de la medida cautelar.
Sin embargo, aseguran que, pese a que el juzgado federal requirió el cumplimiento de su determinación, el juez local emitió una nueva resolución el 31 de octubre que mantuvo la prisión preventiva, sin atender sustancialmente los señalamientos de la autoridad federal.
Ante esta situación, la defensa promovió una denuncia por repetición del acto reclamado, con la intención de que se determine si existió un cumplimiento efectivo de la sentencia o si la autoridad responsable incurrió nuevamente en las irregularidades que motivaron la protección constitucional.
De arresto domiciliario a prisión preventiva
Según el expediente proporcionado por los familiares, Julio César Flores Pérez y Estibaliz Javivi Hernández Bueno fueron vinculados a proceso dentro de la causa penal 525/2024 y permanecieron bajo resguardo domiciliario en un inmueble de Coatepec desde el 21 de mayo de 2024.
La medida se mantuvo hasta el 9 de marzo de 2026, cuando el juez Óscar Hernández Carmona ordenó modificarla por prisión preventiva justificada y dispuso su traslado al penal de Pacho Viejo.
La familia sostiene que la determinación se sustentó principalmente en un informe policial que hacía referencia a supuestas dificultades durante la vigilancia del domicilio, entre ellas molestias relacionadas con las condiciones sanitarias, el calor, retrasos al atender el pase de lista y cuestiones relativas al manejo de basura.
No obstante, los denunciantes argumentan que ninguna de esas circunstancias acreditaba un riesgo real de fuga ni justificaba la imposición de una medida cautelar más restrictiva.
Señalan que la defensa, encabezada por el abogado Héctor Bautista Román, presentó un dictamen pericial de evaluación de riesgos procesales y grabaciones de un circuito cerrado de videovigilancia que, según su interpretación, demostraban que sus padres no representaban un peligro de evasión.
La queja familiar sostiene que el juez no valoró adecuadamente esos elementos al resolver el cambio de medida cautelar.
El expediente señala que, al estudiar el amparo 309/2026, la justicia federal consideró sustancialmente fundados los argumentos relacionados con la falta de motivación, la omisión de valorar pruebas relevantes y la ausencia de un análisis suficiente sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva.
Juez local ignoró resolución federal
Uno de los aspectos centrales de la denuncia es la actuación del juez Óscar Hernández Carmona después de que se concedió el amparo.
Los familiares aseguran que el 14 de octubre de 2026 el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito emitió un acuerdo requiriendo el cumplimiento inmediato de la sentencia y otorgó un plazo de tres días para dejar sin efectos la resolución cuestionada y emitir una nueva determinación conforme a los lineamientos federales.
Sin embargo, sostienen que durante ese mes se registraron aplazamientos de audiencias programadas para los días 20, 23 y 28 de octubre, que atribuyen, entre otras circunstancias, a la inasistencia de la representación ministerial. Finalmente, el 31 de octubre se dictó una nueva resolución que mantuvo la prisión preventiva de ambos procesados.
De acuerdo con el expediente familiar, el juez habría argumentado, entre otras consideraciones, que las condiciones físicas y la edad de los acusados representaban factores que debían tomarse en cuenta respecto de una posible evasión.
La defensa considera que esa determinación reprodujo las deficiencias previamente señaladas por la justicia federal, por lo que promovió un procedimiento de repetición del acto reclamado a principios de noviembre.
Los familiares acusan al juzgador de haber simulado el cumplimiento de la sentencia y se solicita investigar si su actuación constituye una responsabilidad administrativa o penal.
Omisiones de la Fiscalía de Veracruz
La denuncia también involucra a la fiscal Adela Hernández Alvarado, identificada por los promoventes como titular de la Fiscalía Quinta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, en el distrito judicial de Xalapa.
Los familiares la acusan de incurrir en presuntas dilaciones procesales y de no atender oportunamente diversas solicitudes de investigación presentadas por la defensa. En particular, cuestionan la interposición de un recurso de queja relacionado con el procedimiento de amparo, que consideran una maniobra para retrasar el cumplimiento de la resolución federal.
Asimismo, denuncian un presunto trato desigual en las investigaciones relacionadas con el conflicto que dio origen a los procedimientos judiciales.
Según su versión, existe otra investigación, identificada con el número 329/2024, relacionada con hechos en los que Julio César Flores Pérez y Estibaliz Javivi Hernández Bueno habrían sufrido lesiones y daños a su propiedad. La familia sostiene que estas denuncias no han recibido la misma atención ministerial que el proceso seguido contra sus padres, pese a que, aseguran, existen elementos que ameritan diligencias adicionales.
En el expediente también se solicita investigar la posible intervención indebida de terceros vinculados con el ámbito judicial, incluida una exjuzgadora identificada parcialmente como Ludivina G.R.
Alertan por deterioro de salud y amenazas contra la familia
Además de las controversias judiciales, los hijos del matrimonio expresaron preocupación por el estado de salud de su madre, Estibaliz Javivi Hernández Bueno, quien, aseguran, ha sufrido un deterioro físico y emocional durante su permanencia en el centro penitenciario.
En su solicitud de intervención federal reclaman una valoración médica integral, atención especializada y seguimiento de su condición, independientemente del resultado del procedimiento penal.
También denunciaron haber recibido amenazas e intimidaciones de personas relacionadas con la contraparte del conflicto judicial.
Por esa razón, solicitaron medidas de protección para Armando Levy, Heaven Mayumi y Valeria Yanyunuen Flores Hernández, así como una evaluación del riesgo que enfrentan en su domicilio y actividades cotidianas.
Los familiares responsabilizan a la Fiscalía General del Estado de cualquier agresión que pudieran sufrir, al considerar que sus solicitudes de protección no han recibido la respuesta necesaria.
Como parte de sus gestiones, señalaron haber presentado quejas ante instancias de derechos humanos, autoridades estatales y órganos de disciplina judicial.
Entre las referencias incluidas en el expediente aparecen una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, identificada con el folio 2026/40702, y gestiones ante la oficina de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
Marcharon en Ciudad de México para exigir justicia
Ante la falta de una solución a sus demandas, los familiares realizaron una marcha el pasado 9 de noviembre en el centro de la Ciudad de México, con la intención de visibilizar el caso y solicitar la intervención de las autoridades federales.
Valeria Yanyunuen Flores Hernández explicó que la situación ha significado una profunda afectación emocional para ella y sus hermanos, quienes desde hace meses enfrentan la separación de sus padres y la incertidumbre sobre su situación jurídica.
“Nuestra familia está atravesando una situación profundamente dolorosa. De un día para otro nos vimos separados de nuestros padres, enfrentándonos a la incertidumbre de no saber cómo se encuentran, a la impotencia de no poder tenerlos en casa y a una lucha constante para conseguir que se haga justicia”, expresó.
La joven insistió en que su familia no pretende que las acusaciones contra los funcionarios sean aceptadas sin una investigación, sino que se revisen las constancias judiciales, se contrasten las actuaciones y se esclarezca si la sentencia de amparo fue cumplida correctamente.
“No buscamos que se dé por probada ninguna acusación sin una investigación. Lo que pedimos es que se revisen los documentos, se contrasten las actuaciones de las autoridades involucradas y se permita conocer la situación real de nuestro caso”, puntualizó.
Por su parte, Armando Levy Flores Hernández dirigió solicitudes de intervención a la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas instancias del Poder Judicial de la Federación.
Entre sus peticiones se encuentran la revisión del cumplimiento de la sentencia de amparo, la modificación de la medida cautelar, la investigación de posibles responsabilidades judiciales, el avance de las denuncias en las que sus padres aparecen como víctimas y la protección de la integridad de su familia.
“No queremos que nuestra historia quede en silencio. Queremos justicia para nuestros padres y que ninguna otra familia tenga que atravesar una situación como esta sin ser escuchada”, concluyó Valeria Yanyunuen Flores Hernández.
