*La Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión histórica de las contrataciones electorales desde el año 2000, prácticamente en los mismos términos planteados por Claudia Sheinbaum. La decisión pone bajo cuestionamiento la independencia del órgano fiscalizador, en medio del escándalo por presuntas irregularidades en los contratos del INE.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de gran alcance sobre las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE), en una decisión que prácticamente reproduce las exigencias formuladas públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Mediante un comunicado oficial, la ASF que encabeza Aureliano Hernández Palacios Cardel estableció tres líneas de investigación que incluyen una revisión histórica de los contratos celebrados entre los años 2000 y 2025, así como una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
El anuncio ocurre después de que la mandataria pidiera ampliar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, para que no se limitaran a la administración de Guadalupe Taddei, sino que abarcaran también las gestiones anteriores.
Este miércoles 4 de noviembre, Claudia Sheinbaum pidió públicamente que la ASF investigara las contrataciones electorales realizadas durante más de dos décadas, con especial atención a las empresas proveedoras de bienes y servicios utilizados en las elecciones.
La presidenta planteó que se revisara desde cuándo operaban esas compañías, quiénes habían promovido sus contrataciones y cuáles funcionarios participaron en las adjudicaciones.
Su intervención ocurrió en medio del escándalo por los contratos multimillonarios otorgados a empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor señalado por sus presuntos vínculos con Guadalupe Taddei y otros funcionarios electorales.
Sin embargo, en lugar de concentrar sus cuestionamientos en las irregularidades atribuidas a la administración de Taddei, quien llegó a la presidencia del INE en 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum buscó extender el alcance de las investigaciones hacia las gestiones anteriores.
De esta manera, el gobierno federal introdujo en la discusión las responsabilidades de administraciones electorales previas, en particular las correspondientes a la presidencia de Lorenzo Córdova. Ahora, la ASF anuncia una investigación cuyo alcance coincide prácticamente con lo solicitado por la presidenta.
Una investigación de 25 años, tal como pidió Sheinbaum
En su “comunicado sobre los trabajos relacionados con grupos empresariales y entes públicos electorales vinculados con adquisiciones y servicios”, la ASF estableció tres líneas principales de trabajo.
La primera consiste en una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los organismos electorales locales, el INE y el antiguo IFE.
La segunda contempla un “estudio histórico” de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos.
Finalmente, anunció una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE.
El organismo justificó estas acciones al señalar que sus “trabajos de inteligencia” y el análisis de información solicitada a las entidades federativas advierten múltiples irregularidades históricas en el gasto electoral.
Paradójicamente, el comunicado concluye asegurando que la institución actúa con “independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”.
