En la revisión de la Cuenta Pública 2025 sobre el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, bajo la Auditoría 2119, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que el Ejecutivo estatal de Veracruz modificó las condiciones financieras de tres financiamientos de gran escala contratados originalmente con BBVA Bancomer.
Los movimientos corresponden a dos créditos simples por mil millones de pesos cada uno, contratados el 28 de noviembre de 2019 (con claves RPU P30-1219060 y P30-1219059), y un tercer crédito por 2 mil millones de pesos contratado el 10 de enero de 2020 (clave RPU P30-0120009).
La ASF subrayó en su dictamen que la dependencia «no proporcionó documentación con la que acreditará que comunicó a la legislatura local las reestructuras, dentro de los 15 días naturales posteriores a su contratación», dejando temporalmente en la opacidad a los diputados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó inconsistencias relacionadas con registros de nómina y comprobantes fiscales en dependencias y organismos del gobierno de Veracruz, que derivaron en promociones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejerza sus facultades de comprobación.
El informe revela que el Gobierno de Veracruz rebasó el límite autorizado para el crecimiento del gasto en servicios personales. Aunque el techo presupuestal era de 67 mil 686 millones de pesos, el gasto pagado en nómina alcanzó los 71 mil 266 millones, es decir, 3 mil 579 millones 708 mil pesos por encima del límite fiscal.
Sefiplan justificó la diferencia por incrementos salariales y recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Además, la ASF observó inicialmente que la dependencia no había acreditado el destino de 23 mil 810 millones 474 mil pesos de ingresos excedentes de libre disposición, documentación que posteriormente presentó para solventar el señalamiento.
