*La integración del Comité Técnico de Evaluación que intervino en la selección de consejeros del INE en 2023 estuvo marcada por perfiles vinculados con Morena y el gobierno de López Obrador. Uno de sus integrantes, Ernesto Isunza Vera, posteriormente participó desde la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana en la ilegal extensión del rectorado de Martín Aguilar Sánchez.
La crisis de credibilidad que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) ha vuelto a colocar bajo escrutinio el procedimiento mediante el cual Guadalupe Taddei Zavala llegó a la presidencia del organismo, particularmente por la composición del Comité Técnico de Evaluación que examinó los perfiles de los aspirantes a ocupar las consejerías electorales.
El proceso, desarrollado en 2023, estuvo a cargo de un comité de siete integrantes, varios de los cuales tenían antecedentes de participación política, vínculos con Morena o cargos dentro de instituciones del gobierno encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador.
La controversia cobra especial relevancia en Veracruz, donde uno de aquellos evaluadores, Ernesto Isunza Vera, posteriormente se incorporó a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), órgano que en 2025 aprobó la prórroga del rectorado de Martín Aguilar Sánchez sin realizar un proceso ordinario de selección.
Ambos episodios plantean cuestionamientos sobre la independencia de los órganos colegiados encargados de evaluar perfiles y decidir nombramientos en instituciones que, por su propia naturaleza, deberían mantenerse ajenas a los intereses partidistas.
Un comité bajo cuestionamiento por sus vínculos con el oficialismo
El Comité Técnico de Evaluación quedó formalmente integrado el 16 de febrero de 2023, mediante un acuerdo de la Cámara de Diputados. Sus siete integrantes fueron designados por tres instancias: la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Desde su conformación surgieron críticas por el predominio de perfiles identificados con el obradorismo, lo que generó dudas sobre la imparcialidad de la evaluación. Entre los integrantes se encontraba Enrique Galván Ochoa, periodista y comentarista identificado públicamente con posiciones favorables al expresidente López Obrador y su movimiento político.
También figuraba Andrés Norberto García Repper Favila, quien había sido candidato de Morena, así como Evangelina Hernández Duarte, quien se desempeñó como servidora pública en la Guardia Nacional durante el gobierno de López Obrador.
Por parte de la CNDH fueron designados Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González, propuestos por el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, cuya cercanía política con el obradorismo había sido motivo de cuestionamientos desde su llegada a esa institución.
En el caso de Mondragón González, también se le atribuyeron vínculos con actividades de formación política de Morena.
El sexto integrante señalado por su presunta cercanía con el oficialismo fue Sergio López Ayllón, designado por el INAI. La séptima integrante fue María Esther Azuela Gómez, también propuesta por el INAI.
El comité tuvo la responsabilidad de revisar expedientes, aplicar criterios de evaluación y seleccionar a los aspirantes que integrarían las quintetas sometidas al procedimiento de designación de cuatro consejerías del INE.
Guadalupe Taddei quedó incluida entre las aspirantes a la presidencia del organismo y finalmente obtuvo el cargo mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas políticas no alcanzaran un acuerdo para elegir a los nuevos consejeros.
Ernesto Isunza, del comité del INE a la Junta de Gobierno de la UV
Uno de los nombres que conecta ambos episodios es el de Ernesto Isunza Vera, quien participó en el proceso de selección de consejeros electorales en 2023 y posteriormente formó parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.
Su participación en el órgano universitario adquirió especial relevancia durante la controversia de 2025 por la continuidad de Martín Aguilar Sánchez al frente de la Rectoría.
Isunza ha sido señalado como uno de los principales promotores de la decisión de conceder una prórroga a Aguilar Sánchez, que le permitió permanecer cuatro años adicionales en el cargo sin someterse al procedimiento ordinario de designación rectoral.
La Junta de Gobierno aprobó el 23 de junio de 2025 la extensión del mandato para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de ese año y el 31 de agosto de 2029.
