La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió un posible daño al erario por más de nueve mil millones de pesos, atribuible a los tres órdenes de gobierno y en donde entre los principales señalados están la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios.

A raíz de estos resultados, el ente fiscalizador ya presentó 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y, por primera vez, también tres denuncias penales relacionadas con auditorías en desarrollo, es decir, antes de que concluyeran la fiscalización.

Las anomalías se concentran en causas como obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y la presentación de documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento del pago de cuotas de seguridad social.

También se determinaron 60 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mediante las cuales informamos a autoridades como el SAT y el IMSS sobre incumplimientos en el pago de contribuciones y cuotas de seguridad social.

De los más de 9 mil millones de pesos, mil 200 corresponden a anomalías en los sectores educativo y de salud en las entidades federativas.

“En este caso, el sector salud es el que concentra el mayor monto reintegrado, acumulando 553 millones de pesos. Hablamos de que estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento, y mejores condiciones de atención para la población”, destaca el informe.

Municipios no acreditan el destino de 5 mil 200 mdp

Aunque en el calendario de la auditoría se prevé una revisión a más de mil 200 municipios y alcaldías, en esta segunda de tres entregas ya se practicaron 42 auditorías municipales, en donde se investigó el cien por ciento de los recursos que se les transfirieron a las demarcaciones y que derivó en el hallazgo de más de cinco mil 200 millones de pesos que quedaron sin acreditar su destino.

Ante esta situación, adelantó que se pondrá en marcha una plataforma para que estos gobiernos municipales suban la información de sus cuentas públicas pendientes por terminar antes de que culmine su mandato y advirtió que, en caso de que exista una negativa para entregar la información con el fin de obstaculizar los trabajos de fiscalización, se aplicará todo el rigor de la ley.

“El mensaje es claro: hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano”, advierte el informe.