Por Darío Fritz
La gentrificación mueve sus garras en un silencio diabético, apoderándose de barrios y ciudades, acompañada de altos costos para la vida cotidiana de sus habitantes que no hallan paralelismo con sus ingresos. La sufren en Madrid y Nueva York, tanto en Buenos Aires como en Ciudad de México. Al vecino se lo agobia y desquicia con rentas inalcanzables, mantenimientos de edificios desproporcionados o el valor del tomate y la carne en cifras estratosféricas. Donde hay que pagar hasta para estacionarse en la calle. Y, por supuesto, una convivencia clasista en la cual el más frágil pasa a ser un paria. Extrapolado a la coexistencia de la política latinoamericana, el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil vino a poner un freno en seco a la ocupación ultraderechista del mapa continental, y dar un respiro a México, Guatemala y Uruguay, los únicos sobrevivientes a mediano plazo en un edificio acechado por la pérdida de derechos sociales, la desintegración de la equidad y autócratas dispuestos a convertirse en reyes.
En la soledad de ese vecindario tan ajeno, y proclive a la intolerancia, unos y otros, aunque especialmente México, por tamaño económico y ubicación geográfica estratégica, quedaban a merced del acecho de unas aves de rapiña asumidas como propietarias de un espacio al que ya han mostrado algunos intentos de ocupación.
La de Brasil no era la elección clásica entre dos miradas diferentes sobre cómo llevar las riendas de un país, en la convivencia civilizada entre aquellos que saben que en un futuro cercano podrían cambiar de derrotados a vencedores sin que una hecatombe se filtrara sobre su futuro. Las descalificaciones de Trump contra Lula, más la de algunos acólitos como Milei y De la Espriella, y el injerencismo de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, muestran el tamaño de lo que se jugaba en la segunda vuelta.
Del Brasil que se esperaba de haber ratificado a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta, no era menos que la institucionalización del modelo Bukele, amplificada por encabezar la mayor economía latinoamericana. Y que ya tiene claras muestras de ello, e indicios de por dónde podría haber ido el proyecto del clan familiar que ha encapsulado todo el conservadurismo brasileño. Por un lado, el Congreso, que en la primera vuelta el bolsonarismo ha logrado apropiarse con una mayoría amplia, y en segundo lugar un sistema judicial perfilado por su antiprogresismo al que solo le falta completar algunas fichas –ya el Congreso le impidió a Lula darle equilibrio– para hacerlo propio desde el Tribunal Superior de Justicia. De allí a las intenciones bolsonaristas de empotrarse en el poder con leyes a su modo, como se esperaba de haber ganado, estaban dadas las mejores condiciones.
Detrás de ese control sobre dos de los tres soportes de la democracia, hay un poder real que se escenifica, como se ha visto en la respuesta del establishment financiero depreciando la moneda brasileña apenas abrieron los mercados poselectorales y en la influencia de los gobiernos estatales. Nada menos que siete de nueve de ellos, ubicados en la Amazonia, están en manos del Partido Liberal del bolsonarismo, y también ocho de los diez municipios más depredadores del pulmón del globo. Trabajos periodísticos han demostrado cómo la quema de la selva se da en zonas de control del espacio político de la ultraderecha –su intención es convertirla en monocultivos de soja y terrenos destinados a la especulación inmobiliaria –, a pesar de los esfuerzos de Lula que ha logrado bajar la deforestación, aunque tiene sus propias contradicciones como impulsar la exploración del petróleo en su suelo.
Con el Congreso en contra, el poder judicial colocando piedras todo el tiempo, y una economía en dificultades –el déficit público es alto y el crecimiento bajo–, Lula correrá a contrarreloj para gobernar hasta 2030. Por esos poderes en contra, por la edad y por un progresismo que no tiene líderes de reemplazo, por ahora. La posibilidad de que se le genere un impeachment y sea destituido con artilugios legales, como ya le ocurrió a Dilma Rousseff, no es imposible.
La democracia brasileña toma aire y gana tiempo. Despertó a mucha gente adormecida por el avance ultra, y ha dado el ejemplo al mundo de que tanta debacle se puede enfrentar, contener y reducir con organización y participación. Si los recursos legales para frenar los despojos requieren de normativas y leyes que solventen el fin de la depredación especulativa inmobiliaria, Brasil envalentona de optimismo a esos vecinos en minoría, cercanos y lejanos –Europa felicitó el triunfo de su “amigo” Lula en oposición a Trump–, consciente de que las embestidas del otro lado se intensificarán. “Vamos a cambiar la forma de gobernar este país”, dijo el presidente reelecto la noche del domingo. La necesita. También sus vecinos.
