La Universidad Veracruzana (UV) solicitó un presupuesto cercano a los nueve mil millones de pesos para 2027, con lo que nuevamente busca obtener los recursos por el 4 por ciento del total estatal que le corresponden conforme al artículo 10 de la Constitución de Veracruz, una disposición cuyo cumplimiento ha sido motivo de controversia durante los gobiernos de Cuitláhuac García Jiménez y Rocío Nahle García, que le han dado a la institución lo que han querido.
El rector de facto Martín Aguilar informó que la casa de estudios presentó ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) una propuesta que contempla aproximadamente 5 mil millones de pesos de aportación estatal y casi 4 mil millones de recursos federales.
La cantidad solicitada representa un incremento de alrededor de mil 848 millones de pesos respecto de los 7 mil 151 millones 520 mil 311 pesos autorizados para el ejercicio fiscal 2026.
Sin embargo, más allá de las cifras, la nueva solicitud vuelve a poner sobre la mesa el incumplimiento que la comunidad universitaria ha denunciado durante años respecto de la autonomía presupuestaria de la institución, reconocida en la Constitución estatal.
El artículo 10 establece que la UV debe recibir el equivalente al 4 por ciento del presupuesto general del estado, disposición que ha dado lugar a diferencias sobre la manera de calcular los recursos que efectivamente debe aportar el gobierno veracruzano.
Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la Universidad reclamó reiteradamente que no se le entregaba la totalidad de los recursos previstos constitucionalmente. La situación se prolongó hasta el gobierno de Rocío Nahle, cuya administración ha sostenido que las asignaciones cumplen con la ley, aunque contabilizando recursos de origen federal dentro del monto global.
De hecho, en diciembre de 2024, cuando la UV reclamaba una ampliación de mil 467 millones de pesos para alcanzar el porcentaje constitucional, Nahle aseguró que el presupuesto aprobado para 2025, de 6 mil 836 millones de pesos, cumplía con el 4 por ciento establecido legalmente.
La controversia radica precisamente en la interpretación de esa obligación: mientras la Universidad ha reclamado que se respete su autonomía financiera, el gobierno estatal ha defendido la suficiencia de las asignaciones aprobadas.
En medio de esta disputa, la actuación de Martín Aguilar Sánchez también ha quedado bajo cuestionamiento. Aunque el rector ha presentado solicitudes formales e incluso acudió al Congreso del Estado acompañado de representantes del Consejo Universitario General para reclamar el 4 por ciento, sus gestiones no han conseguido garantizar una asignación que ponga fin a las controversias anuales.
La situación adquiere mayor relevancia ante las necesidades de crecimiento de la institución. El propio rector reconoció que la UV incorporó cerca de 4 mil estudiantes adicionales durante el periodo anterior sin recibir recursos específicos para atender esa expansión.
Para 2027 pretende admitir a otros 4 mil alumnos, además de fortalecer la investigación, equipar laboratorios, contratar personal y dar mantenimiento a instalaciones universitarias.
“Nosotros continuamos solicitando el 4 por ciento, que es un tema que entendemos muy bien, que es una demanda histórica ya desde 2017 de la Universidad”, declaró Aguilar Sánchez.
