Médicos residentes del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa lanzaron una severa advertencia a las autoridades de salud: hicieron responsables a los funcionarios que conocen y han ignorado la crisis de desabasto de cualquier eventual desenlace fatal que pudiera sufrir un paciente como consecuencia directa de la falta de medicamentos, insumos y materiales indispensables para su atención.
En un posicionamiento público, los residentes describieron una situación límite en uno de los principales hospitales de tercer nivel de Veracruz: más de mil cirugías diferidas por especialidad, operaciones suspendidas por falta de gasas, compresas o suturas, pacientes obligados a comprar sus propios materiales, ausencia de antibióticos y analgésicos básicos, guantes racionados y hasta botas para quirófano recuperadas de la basura para poder reutilizarlas.
La denuncia representa además una respuesta a Roberto Ramos Alor, titular del IMSS-Bienestar en Veracruz, quien descalificó los señalamientos sobre las carencias hospitalarias como una “campaña de odio”.
Los residentes rechazaron esa versión y aseguraron que la crisis puede acreditarse mediante fotografías, listas de compras entregadas a los pacientes y estantes vacíos. “Íbamos a callarnos. Íbamos a seguir tragándonos esto en silencio”, señalaron al explicar por qué decidieron hacer pública la situación.
Uno de los datos más graves expuestos por los médicos es la existencia de más de mil cirugías diferidas por especialidad, correspondientes a pacientes que permanecen en espera de una intervención.
Incluso operaciones previamente programadas terminan cancelándose el mismo día porque el hospital carece de insumos tan elementales como compresas, gasas y suturas. La situación habría llegado al extremo de que determinadas referencias solamente pueden ser aceptadas cuando el paciente se presenta con su propio material quirúrgico.
Los médicos denunciaron que ellos mismos tienen que entregar a enfermos y familiares una lista de los productos que deben adquirir por su cuenta en farmacias cercanas al hospital. “Le damos al paciente una lista de compras. Una lista. De compras”, reprocharon.
El problema se agrava porque las familias terminan buscando los mismos insumos en unos cuantos establecimientos ubicados alrededor del CAE, cuyas existencias también se agotan. Por la noche, cuando las farmacias cierran, las posibilidades de conseguirlos prácticamente desaparecen.
La escasez denunciada alcanza medicamentos básicos. Los residentes afirmaron haberse quedado sin ketorolaco y cefalexina y que ahora tampoco disponen de ceftriaxona, un antibiótico ampliamente utilizado.
Advirtieron que la lista completa de faltantes es mucho mayor. Pero el problema no consiste solamente en la ausencia de un medicamento. La falta de diferentes antibióticos estaría obligando a modificar tratamientos de acuerdo con las existencias y no necesariamente con la opción considerada clínicamente más adecuada para cada paciente.
Cuando un cultivo, una alergia o un protocolo indica determinado antibiótico, explicaron, la respuesta puede terminar siendo utilizar otro simplemente porque es el único disponible. “Eso no es medicina basada en evidencia, es medicina basada en existencia”, resumieron.
El escenario también afecta el manejo del dolor. Los residentes afirmaron que ante la falta prolongada de ketorolaco se recurre al paracetamol y que, si un paciente presenta alergia a éste, las alternativas disponibles pueden ser prácticamente inexistentes. “Esto no es atención médica de tercer nivel. Es medicina de guerra sin la guerra, solo con la escasez”, sentenciaron.
Botas rescatadas de la basura
Los médicos aseguraron que la falta de botas para ingresar a quirófano ha obligado a recuperar de la basura aquellas que se encuentran menos deterioradas o sucias para volver a utilizarlas. Reconocieron que se trata de una práctica contraria a los estándares mínimos de seguridad del paciente, pero sostuvieron que la falta absoluta de material los ha dejado sin alternativas.
También reportaron baños sin papel y un racionamiento extremo de guantes de látex. En servicios como Ginecología, Cirugía General y Urgencias puede llegar a dificultarse incluso la revisión de pacientes por falta de guantes.
A los camilleros, afirmaron, se les estaría proporcionando un solo par para utilizar durante toda su jornada, aun cuando trasladan a diferentes pacientes, con el consecuente riesgo sanitario.
La escasez también impactaría estudios de diagnóstico. Tomografías y resonancias no pueden realizarse en determinados momentos porque falta medio de contraste y, cuando éste finalmente se consigue, puede ocurrir que no existan las jeringas necesarias para aplicarlo.
Quienes pueden pagar un estudio en el sector privado tienen una salida; quienes no cuentan con recursos, advierten los médicos, simplemente tienen que esperar.
Ante la falta de suministros, trabajadores del propio CAE estarían financiando con sus salarios parte de los insumos necesarios para mantener funcionando los servicios, como tiras para glucómetro, hojas blancas, guantes y suturas.
Para los denunciantes, esa situación demuestra que el hospital está dependiendo de la disposición de sus trabajadores para cubrir con dinero, improvisación y esfuerzo personal las deficiencias que corresponde solucionar a las autoridades.
“No es vocación funcionando como debería —es el sistema exprimiendo la buena voluntad de la gente que todavía no se ha ido, hasta que se le acabe”, advirtieron.
Los residentes consideraron inadmisible calificar como una “campaña de odio” una situación que, sostienen, puede comprobarse recorriendo el hospital y puntualizaron que descalificar las denuncias significa también negar la realidad de pacientes que llevan meses e incluso cerca de un año esperando una cirugía.
Además, señalaron que médicos, enfermeras, residentes, jefes de servicio e incluso directivos del propio hospital son quienes diariamente deben enfrentar a pacientes y familiares para explicarles por qué falta un medicamento, por qué no hay material para una curación o por qué una operación tiene que volver a aplazarse.
“Los únicos que no han tenido que dar la cara ante nadie son, precisamente, quienes tienen la obligación de resolver esto y decidieron no hacerlo”, acusaron.
Los residentes fueron todavía más lejos al afirmar que negar la crisis convierte a quien tiene capacidad de decisión sobre el sistema en “un riesgo activo para cada paciente que entra a este hospital”.
Los residentes sostienen que las condiciones descritas pueden implicar incumplimientos de obligaciones legales relacionadas con el derecho a la protección de la salud, la calidad y oportunidad de los servicios médicos y la prevención de infecciones. Invocaron el artículo 4 constitucional, la Ley General de Salud y las disposiciones sanitarias obligatorias en materia de prevención y control de infecciones asociadas a la atención médica.
También plantearon que las omisiones de servidores públicos que conozcan las carencias y no actúen para solucionarlas deben ser revisadas bajo el régimen de responsabilidades administrativas.
Frente a lo que consideran una estrategia institucional para minimizar el problema, los residentes emplazaron directamente a las autoridades a acudir al CAE.
“Vengan al hospital. Pisen los pasillos. Vean el estante vacío, la lista de compras, la bota rescatada de la basura”, retaron.
