Por Marisol Luna Leal
Ayer 1 de septiembre se cumplió un año de la fecha en que debió tomar protesta la persona titular de la Rectoría de nuestra Universidad para el periodo 2025-2029. No se trataba de una formalidad menor, ni de un gesto protocolario prescindible. La designación de quien encabeza una institución pública de educación superior debía surgir de un procedimiento legal, legítimo, cierto y verificable; no de una operación confeccionada desde la ambición personal, la complacencia institucional y la interpretación interesada de la norma.
En lugar de un proceso dotado de juridicidad y legitimidad democrática, se consumó uno de los fraudes a la ley más graves en la vida universitaria reciente: un grupo de personas, entiéndase la junta de gobierno, se arrogó la facultad de interpretar la Ley Orgánica de la Universidad para inventar un procedimiento carente de certeza jurídica, construido con criterios a modo del principal beneficiario y en abierta invasión de una competencia que corresponde al Congreso del Estado: interpretar la ley.
Entre las muchas arbitrariedades cometidas estuvo la de omitir la protesta de ley, bajo el argumento —tan cómodo como jurídicamente pobre— de que, como esa protesta ya se había rendido en 2021, ya no era necesaria. “Quesque” la solemnidad constitucional caduca por conveniencia y se recicla por decreto interno.
La protesta de ley no es una cortesía ceremonial. El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, debe protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. En la doctrina parlamentaria oficial, la protesta se entiende como el mandato constitucional mediante el cual la persona servidora pública se compromete, antes de iniciar el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su encargo, a fundar y razonar sus actos en la ley, preservando con ello la legalidad y el Estado de Derecho. Además, existe criterio jurisdiccional electoral que ha advertido que la toma de protesta está vinculada al acceso y ejercicio efectivo del cargo, y que su instrumentalización no puede utilizarse para crear consecuencias jurídicas arbitrarias ni para condicionar indebidamente el desempeño de una función pública.
Por eso, cuando se omite la protesta respecto de un nuevo periodo, no se está ante una anécdota administrativa: se debilita el acto formal de asunción, se vacía de contenido el compromiso público de sujeción a la Constitución y a las leyes, y se envía un mensaje ominoso a la comunidad universitaria: que la legalidad puede administrarse según la conveniencia del momento.
Más allá del aspecto estrictamente legal —y de las prácticas de intimidación, represión, castigos, premios, bots, mentiras, uso patrimonialista de los recursos universitarios y campañas de desprestigio contra quienes dijimos alto y fuerte la arbitrariedad que se estaba consumando— la pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿qué tenemos hoy? O, mejor dicho, ¿de qué seguimos careciendo?
Seguimos careciendo de una reforma integral, pertinente y evaluable del modelo educativo; una reforma que supere la fragmentación curricular, la rigidez de las trayectorias escolares y los horarios quebrados que mantienen a miles de estudiantes como rehenes de sus facultades. Cinco años después, no hay una transformación, tampoco excelencia académica verificable, ni una estrategia institucional robusta para mejorar la experiencia formativa, la flexibilidad curricular, la movilidad interna, la eficiencia terminal o la pertinencia social de los programas educativos.
Seguimos careciendo de una política seria de relevo generacional de la planta académica, con condiciones dignas, previsibles y atractivas para quienes están en posibilidad de jubilarse, y con mecanismos transparentes para incorporar nuevos perfiles docentes y de investigación. También seguimos careciendo de una solución estructural para quienes, durante veinte, veinticinco años o más, han sostenido la docencia universitaria desde la precariedad de una contratación por asignatura.
Seguimos padeciendo procedimientos de contratación lentos, tortuosos, opacos y plagados de vicios que lesionan derechos laborales y afectan de manera directa la continuidad académica. El daño colateral —aunque en realidad es daño central— lo resienten las y los estudiantes que inician semestres sin clase durante semanas o meses porque la institución no logra resolver, con oportunidad y legalidad, lo elemental: contar con profesorado frente a grupo.
Seguimos sin una política financiera transparente en torno al subsidio que la Federación y el Estado deben otorgar a la Universidad; sin información pública suficiente, clara y pedagógicamente comprensible sobre las gestiones presupuestales, los criterios de distribución interna, las prioridades institucionales y la defensa real de la suficiencia financiera universitaria.
Seguimos sin una visión estratégica para incorporar, con seriedad y no con ocurrencias, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación —TIC, TAC y TEP— como herramientas para ampliar matrícula, diversificar modalidades educativas, modernizar la oferta académica, fortalecer la educación híbrida y responder a los requerimientos contemporáneos del conocimiento, del trabajo y de la vida pública.
Eso sí: han sobrado la soberbia y las ganas de venganza. Ha sobrado la exclusión, el bloqueo, la simulación y la puesta en escena de “grandes logros” cuidadosamente iluminados para que nada exhiba al rey desnudo. Han sobrado los aplausos de utilería y los escenarios administrados para que la realidad no irrumpa en la fotografía oficial.
Todo ello ha ocurrido con la complacencia de una junta de gobierno sumisa en lo esencial y omisa en lo sustantivo; una junta que debería estar observando, cuestionando, evaluando y corrigiendo, no justificando lo injustificable. Desde febrero, además, se aseguró de “legalizar” en su reglamento la atrocidad de la prórroga, abriendo la puerta para que otras u otros resulten beneficiados por semejante “ejercicio democrático”.
A esta Junta, como a otras tantas —por lo menos a las dos o tres anteriores, me consta— les ha gustado asumirse como propietarias de la autonomía universitaria: elaborar y aprobar su propio reglamento, pasar por alto a la Comisión Permanente de Reglamentos y desplazar al pleno del Consejo Universitario General, como si la autonomía fuera patrimonio de unos cuantos y no una garantía institucional al servicio de la comunidad universitaria.
Mi posición siempre fue clara: estuve, estoy y seguiré estando en contra de la prórroga. Lo dije como universitaria, como jurista y como ex Abogada General de la Universidad Veracruzana. No por animadversión personal, sino por convicción institucional. Porque cuando se tuerce la norma para conservar el poder, no se fortalece la autonomía: se la degrada.
Y cierro con esto: una Universidad puede sobrevivir a la crítica; lo que no puede permitirse es normalizar la ilegalidad, premiar la simulación y llamar estabilidad a lo que, en realidad, no es más que miedo organizado.
Dra. Marisol Luna Leal. ExAbogada General de la Universidad Veracruzana y profesora de tiempo completo.
