Por Juan José Llanes
Supongo que la gobernadora de Veracruz dilucidó que el mérito de ejecutar una encarnizada defensa de los familiares del expresidente López Obrador, a los que se les dio empleo como servidores públicos en el gobierno del Estado, no podía comérselo solito el Secretario de Gobierno.
E hizo lo propio.
Al igual que Ahued, Rocío Nahle recurrió al formulario de la 4T y siguió las reglas que prescriben que, ante cuestionamientos como los que se han hecho en las redes sociales en torno de la presencia de la familia López en la nómina estatal, se debe a) activar el modo enojado, b) recurrir al pasado (para eso sirven los impresentables Yunes que, ahora, por cierto, son amigos de la Cuarta Transformación), y c) justificar el empleo otorgado a sobrinos de AMLO a la luz de que los beneficiarios son altamente eficientes y casi imprescindibles para las tareas del Estado.
Más adelante, supongo, se reciclarán los argumentos ensayados con antelación: la visibilización del salario asignado a la sobrina de AMLO en el COLVER no es más que un ejemplo del nado sincronizado del ecosistema digital de amplificación de tendencias que pretende envilecer a la Transformación para beneficiar a la ultraderecha fascista.
En relación con todo lo anterior prefiero no decir más. Pero creo que sí se debe retomar algo que dijo la Titular del Poder Ejecutivo Estatal: se refirió al derecho que tienen los sobrinos de López Obrador de contar con un empleo en Veracruz y ganarse el pan.
No lo puedo cuestionar. Nadie podría poner en duda que cualquier persona debe gozar de los Derechos Humanos que la Constitución reconoce bajo los irreductibles principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Y el derecho al trabajo se encuentra entre tales Derechos Fundamentales.
Lo que me pregunto seriamente es si ese derecho al trabajo al que alude la gobernadora como fundamento de la contratación de los sobrinos de López Obrador es, al menos en Veracruz, prerrogativa de la familia del exmandatario o si es un derecho del que pueden gozar todos.
Y lo pregunto porque los cientos de fallos judiciales que debe cumplir el gobierno de Veracruz, que ordenan que se les restituya su empleo a trabajadores despedidos injustificadamente por el propio gobierno, ahí están, atiborrándose en las instancias judiciales en espera de ser cumplidos.
Y sí, me atrevo a decir esto: podría ser más fácil defender a un afroamericano acusado injustamente de ultrajar a una menor de edad caucásica en Alabama, en 1950, ante un jurado del KKK, que a un trabajador burócrata veracruzano injustificadamente despedido o despojado de derechos elementales como la seguridad social y el salario mínimo, por citar dos. Los casos concretos existen y los puedo visibilizar, si se requiere.
Desde el Poder se ha prodigado la narrativa que define que, entre los tantos cambios que ha traído consigo la Cuarta Transformación, está la desaparición de los estamentos sociales: ahora -nos dicen- todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Pero en Veracruz está demostrado que es más práctico, para efectos de concretar los derechos humanos al trabajo y a la Justicia, ser pariente de López Obrador que tener un fallo judicial firme que condene al gobierno a reinstalar a un burócrata despedido sin justificación.
A lo que no se refirió la gobernadora Nahle García es al pertinaz capricho de su gobierno de normalizar el desacato a órdenes judiciales; para tal caso, no importa si el damnificado es un trabajador en su plenitud o uno adulto mayor, o uno que necesita ser reincorporado a su trabajo para tener acceso a la seguridad social y a medicinas y tratamientos, o si se trata de una mujer autónoma (en este tiempo, que es tiempo de mujeres) y que necesita sacar adelante a niñas y/o niños que de ella y su salario dependen.
Y debo retomar lo mismo que dije hace poco, cuando me referí a la defensa que emprendió don Ricardo Ahued de la familia del exmandatario federal: los casos que refiero existen.
Si se gusta, les paso la lista…
