Organizaciones feministas expresaron serias objeciones a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que, pese a partir de “buenas intenciones”, contiene disposiciones que podrían debilitar los avances legales alcanzados durante los últimos 15 años y dificultar el acceso efectivo de las mujeres y niñas a la justicia.
En un posicionamiento dirigido a la titular del Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y a la opinión pública, las organizaciones firmantes sostienen que la propuesta contiene problemas tanto de forma como de fondo relacionados con el sujeto protegido por la ley, la investigación de los feminicidios, el financiamiento de las nuevas obligaciones y la supervivencia de disposiciones estatales ya existentes.
Uno de los cuestionamientos centrales —que las propias organizaciones califican como “el punto más grave de toda la iniciativa”— se encuentra en el artículo 10, que establece que cuando no se acredite el feminicidio “se aplicarán las reglas del homicidio”.
Las feministas advierten que durante 15 años han documentado que una de las principales vías de impunidad no es necesariamente la absolución de los responsables, sino precisamente la reclasificación de los casos: investigaciones que comienzan como feminicidio y terminan como homicidio doloso, homicidio culposo o incluso como suicidio.
A su juicio, la propuesta presidencial, lejos de cerrar esa posibilidad, la incorpora expresamente en la nueva legislación y lo hace sin establecer controles suficientes.
El documento señala que el artículo 10 no obliga a que una eventual reclasificación esté fundada y motivada, tampoco exige haber agotado previamente el análisis de contexto y la investigación de antecedentes de violencia, ni determina en qué momento procesal puede realizarse. Además, no establece control judicial ni concede expresamente a madres, padres y familiares de las víctimas un mecanismo específico para impugnar esa decisión.
Por ello, las organizaciones demandan que cualquier reclasificación solamente pueda efectuarse mediante una resolución fundada y motivada, una vez agotados los actos de investigación; que sea notificada a las víctimas indirectas y sus asesores jurídicos; y que pueda ser impugnada ante un juez de control.
Cuestionan definición de “mujer” en la iniciativa
Otro punto de controversia es la definición incluida en el artículo 6, fracción VIII, que considera mujer a “toda persona que se identifique como mujer”.
Las organizaciones sostienen que esta formulación modifica el sujeto protegido por el delito de feminicidio y se aparta de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
El posicionamiento argumenta además que la definición resulta circular y podría generar problemas probatorios dentro de una investigación penal, particularmente cuando la víctima ha fallecido y su autoadscripción tendría que reconstruirse mediante testimonios. Por ello, proponen sustituirla por: “Mujer: la persona del sexo femenino, de cualquier edad”.
Asimismo, rechazan que el feminicidio absorba homicidios motivados por prejuicios relacionados con orientación sexual, expresión o identidad de género y características sexuales. Consideran que estos hechos requieren una figura independiente para delitos motivados por discriminación, cuya creación debería realizarse simultáneamente para evitar que esas víctimas queden desprotegidas.
Las firmantes también advierten una debilidad en el artículo 21. Mientras varias de sus fracciones imponen obligaciones expresas a las autoridades investigadoras, la fracción VI únicamente dispone “valorar la realización de análisis de contexto de los casos”.
Para las organizaciones, “valorar” no equivale a realizarlo y deja en manos de la autoridad investigadora decidir si lleva a cabo una diligencia que consideran fundamental para demostrar las razones de género.
“El análisis de contexto es precisamente el instrumento que permite acreditar las razones de género”, señala el documento, que pide sustituir la redacción para convertir su realización en una obligación y exigir que cualquier omisión quede justificada por escrito en la carpeta de investigación.
El posicionamiento alerta además sobre los artículos transitorios Segundo y Tercero, pues consideran que su redacción podría poner en riesgo disposiciones locales creadas durante años de movilización feminista.
Entre ellas mencionan los delitos relacionados con ataques con ácido y sustancias corrosivas derivados de la llamada Ley Malena, las figuras de violencia vicaria, las disposiciones de la Ley Ingrid contra la difusión indebida de imágenes de víctimas y la Ley Monzón, relacionada con la pérdida de la patria potestad.
Las organizaciones exigen una cláusula expresa que preserve los tipos penales autónomos locales que proporcionen una protección igual o mayor a mujeres, niñas y adolescentes.
“Una ley sin presupuesto es una declaración”
Otro de los señalamientos más severos se refiere al financiamiento. La iniciativa establece nuevas obligaciones para las fiscalías federal y estatales, entre ellas unidades especializadas con ministerios públicos, policías y peritos, guardias permanentes, capacitación, un Registro Nacional, un censo y un Protocolo Nacional Homologado.
Sin embargo, el transitorio Décimo Segundo establece que las erogaciones deberán cubrirse con los presupuestos ya aprobados y que no se autorizarán recursos adicionales. El dictamen de impacto presupuestario también señala que no se contempla crear unidades administrativas ni nuevas plazas.
Las organizaciones consideran que esa contradicción puede provocar que las obligaciones queden solamente en el papel, particularmente en las entidades con menor capacidad institucional.
“¡Una ley sin presupuesto es una declaración, y las mujeres de este país no necesitamos más declaraciones!”, enfatizan.
También cuestionan que el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio pueda tardar cerca de dos años en estar completamente integrado, mientras que las necesidades de las víctimas existen desde ahora.
El posicionamiento critica igualmente que la iniciativa no mencione en ninguno de sus 62 artículos la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pese a tratarse de un mecanismo ya existente y aplicado en numerosos municipios del país. Las firmantes consideran que esto puede provocar duplicidades entre las nuevas estructuras previstas por la iniciativa y los mecanismos actualmente en operación.
También denuncian que las organizaciones feministas, colectivos de madres y familiares, academia y especialistas independientes quedaron fuera de los órganos encargados de tomar decisiones.
El documento cuestiona que la iniciativa plantee campañas para reconocer la lucha de las madres de víctimas de feminicidio por la memoria, verdad y justicia, pero no les garantice participación en la comisión especial encargada de verificar la operación de fiscalías y analizar información.
“Las madres sirven para la campaña, no para la mesa”, reprochan las organizaciones, que demandan crear un consejo consultivo con participación de organizaciones especializadas, academia y familiares de víctimas.
Pese a sus fuertes cuestionamientos, las feministas reconocen aspectos positivos de la propuesta presidencial. Respaldan que el feminicidio sea imprescriptible; que se eliminen excusas y atenuantes relacionadas con la ira, celos, honor o supuesta provocación de la víctima; la presunción de legítima defensa para mujeres sobrevivientes —aunque solicitan corregir su redacción—; la reparación transformadora y la entrega digna de restos con acompañamiento psicosocial y forense.
También consideran un avance que toda muerte violenta de una mujer deba investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, incluso cuando aparentemente se trate de suicidio o accidente. Precisamente por ello insisten en eliminar o limitar estrictamente la posibilidad posterior de reclasificar los casos como homicidio.
Finalmente, las organizaciones —cuyos logotipos aparecen reunidos en la página final del posicionamiento— reclaman que se reabra el diálogo con el movimiento feminista y aseguran contar con un análisis jurídico y propuestas concretas de redacción para modificar los artículos cuestionados.
“Lamentamos que se haya suspendido” el diálogo, señalan antes de cerrar con una demanda directa al Ejecutivo y al Poder Legislativo: “Demandamos ser escuchadas y que nuestras propuestas sean atendidas”.
