Ante las críticas de organizaciones civiles, medios de comunicación y especialistas por los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el proyecto puede modificarse para hacer más claro su contenido, aunque insistió en que la propuesta no constituye un mecanismo de censura y únicamente busca garantizar un derecho establecido en la Constitución.
Así lo expresó durante su conferencia matutina de este martes, donde defendió la consulta pública iniciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y respondió a los cuestionamientos surgidos por disposiciones que, según sus críticos, abrirían la puerta a sanciones discrecionales contra concesionarios de radio y televisión.
La mandataria sostuvo que el derecho de las audiencias está consagrado en el artículo 6 de la Constitución y afirmó que el objetivo de los lineamientos es garantizar que la población tenga acceso a información plural, oportuna y claramente diferenciada de la publicidad, además de fortalecer mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación.
“¿Hay censura? No hay censura”, respondió Sheinbaum al rechazar que el Gobierno pretenda determinar qué información es verdadera o falsa.
No obstante, admitió que la redacción de los lineamientos puede generar interpretaciones distintas y abrió la puerta a realizar modificaciones durante el proceso de consulta.
“Si no se está de acuerdo con los lineamientos, hay que buscar adecuarlos para que sean más claros, pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”, expresó.
La presidenta argumentó que los concesionarios de radio y televisión deben contar con códigos de ética públicos y con una persona defensora de las audiencias, de manera que los ciudadanos tengan mecanismos para presentar quejas cuando consideren que un contenido vulnera sus derechos.
“Por lo menos que publiquen su código de ética para ver si ellos mismos lo respetan o no, y que tengan un espacio donde la gente pueda decir: ‘oye, eso no es cierto”, señaló.
Durante la conferencia también participó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien aseguró que las sanciones contempladas en los lineamientos no se aplicarían por los contenidos difundidos por los medios de comunicación.
Explicó que las medidas únicamente procederían cuando un concesionario incumpla obligaciones como contar con un código de ética, designar a una persona defensora de las audiencias o establecer mecanismos para recibir y atender las inconformidades del público.
Según la funcionaria, el Estado no pretende convertirse en un árbitro de la verdad ni determinar qué información puede difundirse, sino verificar el cumplimiento de esas obligaciones legales.
