La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas investigaciones en contra de jueces, notarios públicos y funcionarios presuntamente relacionados con una red dedicada al despojo de bienes inmuebles en Veracruz, al tiempo que rechazó cualquier protección al abogado Roly Domínguez Romero, uno de los nombres señalados públicamente por víctimas de estos casos.
En conferencia de prensa este martes, la titular de la FGE informó que las investigaciones forman parte de las denuncias presentadas por ciudadanos que aseguran haber sido despojados de sus propiedades mediante procedimientos judiciales y notariales presuntamente irregulares.
Jiménez Aguirre sostuvo que existen carpetas de investigación ya judicializadas y audiencias iniciales desahogadas, además de que continúan integrándose otros expedientes en los que aparecen involucrados diversos servidores públicos y particulares.
La fiscal explicó que, conforme al debido proceso, en una primera etapa se privilegia la comparecencia voluntaria de las personas investigadas antes de solicitar otras medidas cautelares, dependiendo de los elementos que integren cada caso.
Asimismo, aseguró que una de las instrucciones al personal ministerial ha sido mantener comunicación permanente con las víctimas para informarles sobre el avance de las investigaciones y dar seguimiento puntual a cada expediente.
En ese contexto, Lisbeth Jiménez rechazó las versiones de personas afectadas que afirman que las investigaciones contra el abogado Roly Domínguez Romero no avanzan debido a la supuesta cercanía que éste presume tener con la fiscal.
«Mi compromiso es institucional y está por encima de cualquier interés personal o familiar», afirmó la funcionaria, quien sostuvo que la Fiscalía actúa únicamente con base en las pruebas que obran en cada carpeta de investigación.
Las declaraciones surgieron luego de que víctimas de presuntos despojos acusaran públicamente que Domínguez Romero presume influencias dentro de la FGE para evitar ser procesado, señalamientos que la fiscal desestimó al reiterar que ninguna persona cuenta con protección institucional.
En semanas recientes, el Gobierno del Estado reconoció la existencia de más de 120 denuncias relacionadas con este tipo de casos y anunció la revisión de los procedimientos de lanzamiento y desalojo ejecutados en la entidad.
Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado judicializar diversos expedientes contra abogados señalados por fraude procesal, falsificación de documentos y otros delitos vinculados con el despojo de propiedades, mientras continúan las investigaciones para determinar la posible participación de servidores públicos.
