La Fiscalía General de la República (FGR) clausuró y aseguró las instalaciones de la empresa Servicios Ecológicos EVKADY, ubicadas sobre la carretera Coatepec-Tuzamapan.
UN cateo fue ejecutado por agentes federales en cumplimiento de una orden emitida por un juez federal y se prolongó durante varias horas. Al término de la diligencia, los accesos principales del inmueble fueron clausurados, mientras que el predio quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
La investigación tiene como origen una denuncia anónima que alertó sobre la presunta comercialización de combustible de procedencia ilícita. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha informado oficialmente si durante el cateo fueron asegurados hidrocarburos, documentos, equipos o cualquier otro indicio, ni ha dado a conocer el resultado de las diligencias ministeriales.
Durante el operativo, una mujer que se identificó como apoderada legal de la empresa fue trasladada por agentes federales a las oficinas de la FGR en Xalapa. Hasta ahora, las autoridades no han precisado si fue presentada ante el Ministerio Público en calidad de detenida, testigo o únicamente para desahogar diligencias relacionadas con la investigación.
La falta de información oficial mantiene abiertas diversas interrogantes sobre el alcance del cateo y los posibles delitos que investiga la FGR. Aunque el inmueble permanece clausurado y asegurado por las fuerzas federales, no existe hasta ahora un pronunciamiento oficial que establezca responsabilidades penales contra la empresa o sus representantes. La integración de la carpeta de investigación continúa y será la Fiscalía la que determine si existen elementos para judicializar el caso.
Este nuevo escenario contrasta con la postura que la empresa sostuvo un día antes del cateo, cuando afirmó que operaba con normalidad, negó cualquier vínculo con actividades de «huachicol», aseguró contar con todos los permisos ambientales vigentes y sostuvo que la movilización de las autoridades obedecía a una denuncia falsa. No obstante, la ejecución de la orden judicial derivó finalmente en la clausura de las instalaciones mientras continúan las investigaciones.
