El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz tomó la decisión de mantenerse fuera del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que ha generó cuestionamientos sobre la política de transparencia y rendición de cuentas en el estado, ya que ocurre de manera simultánea a la publicación de observaciones realizadas por el órgano fiscalizador federal sobre el manejo de recursos públicos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Veracruz figura entre las únicas dos entidades del país que decidieron no suscribir el convenio nacional impulsado por la ASF para fortalecer la coordinación entre los órganos estatales de fiscalización y la autoridad federal en la revisión del gasto federalizado. El mecanismo contempla auditorías conjuntas, intercambio de información, homologación de metodologías, capacitación y mejores prácticas para vigilar el uso de recursos públicos.
La negativa a firmar el convenio resulta significativa porque este instrumento busca precisamente facilitar las auditorías coordinadas entre la ASF y los órganos estatales, permitiendo una mayor supervisión del ejercicio de recursos federales que reciben los gobiernos estatales y municipales.
Ante las críticas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) negó que exista un distanciamiento con la Auditoría Superior de la Federación.
La auditora general, Delia González Cobos, sostuvo que la ausencia de la firma no significa que Veracruz haya dejado de colaborar con la ASF, sino que el convenio específico no fue suscrito debido a diferencias sobre algunos de sus alcances administrativos y operativos. Añadió que las facultades constitucionales de fiscalización permanecen intactas y que la coordinación institucional continúa desarrollándose mediante otros mecanismos.
Según la auditora del ORFIS –cuyo periodo está a punto de concluir-, la decisión no limita la posibilidad de realizar auditorías ni afecta las atribuciones legales de ambas instituciones para revisar el ejercicio de recursos federales.
Las observaciones de la ASF colocan presión sobre el Gobierno estatal
La polémica adquirió una dimensión mayor luego de que la ASF difundiera los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025 relacionados con Veracruz.
En una de las auditorías practicadas a la Sefiplan, el órgano federal detectó deficiencias en los controles internos utilizados para calcular, distribuir y transferir participaciones federales a los municipios.
Entre las observaciones destacan:
-Falta de actualización de los cálculos mensuales utilizados para distribuir participaciones federales durante los primeros meses del ejercicio.
-Ausencia de formalización de algunos coeficientes utilizados para aplicar deducciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
-Deficiencias en mecanismos de control interno.
No obstante, la ASF también estableció que los recursos fueron transferidos conforme a los porcentajes legales, que las deducciones estuvieron justificadas y que el gobierno estatal cumplió con las obligaciones de transparencia correspondientes. De los 13 resultados obtenidos en la auditoría, diez no presentaron irregularidades, dos fueron solventados antes de emitirse el informe y uno derivó en una recomendación.
Tras conocerse el informe, el gobierno de Rocío Nahle sostuvo que las observaciones de la ASF corresponden únicamente a aspectos administrativos susceptibles de mejora y que no implican daño patrimonial ni desvío de recursos públicos.
Sin embargo, de manera paralela, la propia Secretaría de Finanzas inició procedimientos internos para determinar qué servidores públicos fueron responsables de las fallas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y corregir los procesos administrativos observados.
