Hostigamiento laboral sistemático y generalizado en la UV: anuncia extrabajador violentado en Oficina del Abogado General acciones legales y ante derechos humanos; acusa a Martín Aguilar de actuar con “omisión y aquiescencia” frente a casos de violencia laboral

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El abogado Rodolfo Vázquez denunció un esquema de hostigamiento laboral, persecución institucional y violaciones a derechos humanos al interior de la Universidad Veracruzana (UV), situación que, afirmó, no constituye un hecho aislado, sino una práctica sistemática que afecta a trabajadores de distintas áreas de la máxima casa de estudios.

Durante una entrevista en la que emisión de La Clave de esta semana, Vázquez aseguró que su caso comenzó tras el cambio de rectorado encabezado por Martín Aguilar Sánchez, cuando en marzo de 2026 fue separado de sus funciones dentro de la institución por instrucción del nuevo abogado general, Heroy Muñoz Gómez.

Según relató, además de la rescisión de su relación laboral, también enfrentó afectaciones en el ejercicio de su actividad profesional privada, derivadas —aseguró— de acciones emprendidas desde la propia universidad para desacreditarlo.

Entre ellas, señaló la promoción de medidas de protección basadas en hechos falsos y una campaña de difamación impulsada desde la Dirección General de Comunicación Universitaria, acciones que, dijo, dañaron su prestigio profesional y personal.

«Lo que ocurrió no solamente afectó mi trabajo dentro de la Universidad Veracruzana, sino también mi ejercicio profesional como abogado», sostuvo.

Acude a Derechos Humanos

Vázquez informó que ya presentó su caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y adelantó que prepara una petición formal dirigida al Gobierno del Estado para denunciar lo que considera un patrón de abuso institucional.

Explicó que, paralelamente, continúa brindando representación legal a trabajadores universitarios que afirman haber sido víctimas de situaciones similares de hostigamiento y acoso laboral.

De acuerdo con el abogado, existen numerosos casos que no han sido denunciados públicamente debido al temor de los empleados a perder su fuente de trabajo.

«Muchas personas guardan silencio porque tienen miedo de ser despedidas o sufrir represalias. Sin embargo, el problema es mucho más amplio de lo que se conoce públicamente», afirmó.

Señala contradicción institucional

Durante la conversación también se hizo referencia a un caso previo en el que la Universidad Veracruzana emitió una disculpa pública por violaciones a derechos humanos cometidas contra una ex trabajadora.

Para Vázquez, dicha actuación resulta contradictoria, pues mientras la institución reconoce públicamente haber vulnerado derechos en determinados casos, simultáneamente —aseguró— mantiene prácticas de violencia laboral contra otras personas que denuncian irregularidades.

En ese contexto, señaló que su prioridad es obtener resoluciones favorables por la vía institucional dentro del estado, aunque no descartó acudir posteriormente a instancias federales e incluso internacionales si las autoridades locales no ofrecen una respuesta satisfactoria.

«Primero queremos agotar las instancias locales porque confiamos en que la evidencia demuestra claramente la conducta indebida de la universidad», expresó.

Acusa omisiones del rector

Uno de los señalamientos más severos fue dirigido al rector Martín Aguilar Sánchez, a quien Vázquez acusó de actuar con omisión y aquiescencia frente a los casos de violencia laboral denunciados por trabajadores universitarios.

Según expuso, el problema no se limita a una dependencia específica, sino que alcanza diversas áreas administrativas y académicas de la institución.

El público de la emisión compartió testimonios sobre varios casos de acoso y hostigamiento ocurridos en distintas oficinas universitarias, lo que, afirmaron, evidenciaría un problema estructural dentro de la administración de la UV.

Vázquez explicó que el grupo de personas afectadas trabaja actualmente en dos frentes. El primero consiste en impulsar denuncias ante las autoridades competentes para obtener resoluciones que reconozcan las violaciones a derechos humanos y ordenen medidas de reparación.

El segundo busca articular un movimiento integrado por universitarios con el propósito de recuperar la institución para la comunidad que históricamente la ha construido, mediante mecanismos de participación y exigencia de rendición de cuentas.

Asimismo, aseguró que continuará ofreciendo representación jurídica a cualquier trabajador universitario que decida denunciar actos de hostigamiento o persecución.

«Quienes busquen nuestro apoyo tendrán la certeza de que llevaremos sus casos hasta las últimas consecuencias legales», afirmó.