Autoridades federales y estatales confirmaron este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, 24 días después de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio en el municipio de Nanchital y la privara de la libertad frente a integrantes de su familia.
El hallazgo representa un giro trágico en un caso que desde el inicio atrajo la atención nacional e internacional por la violencia con la que fue cometido el secuestro de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste y por las reiteradas exigencias de organizaciones defensoras de la libertad de expresión para que el Estado mexicano garantizara su localización con vida.
De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades y medios nacionales, el cuerpo fue localizado durante un operativo realizado en un rancho del municipio de Moloacán, luego de la captura de uno de los presuntos integrantes del grupo criminal responsable del secuestro. Diversos reportes señalan que el detenido habría proporcionado información que condujo a la ubicación del sitio donde finalmente fueron encontrados los restos de la comunicadora.
Horas antes del hallazgo, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República informaron la detención de José del Carmen «N», alias «Delta 7», identificado por las autoridades como integrante de un grupo delictivo que opera en la región y señalado por su presunta participación en el secuestro de la periodista, durante un operativo conjunto en el sur de Veracruz entre fuerzas federales y estatales.
De acuerdo con los primeros reportes, fue precisamente la información obtenida tras esa detención la que permitió localizar el predio donde posteriormente fue encontrado el cuerpo la medianoche de este jueves. Las autoridades continúan realizando diligencias periciales para establecer con precisión la causa de muerte y el tiempo que llevaba fallecida la comunicadora.
En paralelo, un comandante y tres elementos de la policía municipal en Ixhuatlán del Sureste también fueron detenidos, pero hasta el momento solo enfrentan cargos por delitos contra la salud.
Roxana Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio, cuando hombres armados ingresaron violentamente a su vivienda en Nanchital. Parte del ataque quedó registrado en video, material que posteriormente fue fundamental para la identificación de algunos de los presuntos responsables.
Desde ese momento, familiares, periodistas y organizaciones nacionales exigieron una investigación inmediata y una estrategia efectiva de búsqueda. La Fiscalía General del Estado abrió inicialmente una carpeta de investigación y posteriormente la Fiscalía General de la República atrajo el caso debido a la gravedad de los hechos y a la posible relación con su actividad periodística.
El asesinato de Roxana Guzmán vuelve a colocar a Veracruz en el centro del debate nacional sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Durante las últimas dos décadas, la entidad ha sido escenario de numerosos asesinatos y desapariciones de comunicadores, convirtiéndose en uno de los estados más peligrosos para ejercer esta profesión en México.
Especialistas en libertad de expresión han señalado que la impunidad en estos delitos alimenta la repetición de las agresiones, mientras que organismos internacionales han insistido en que las investigaciones deben agotar como línea prioritaria el trabajo periodístico de las víctimas.
