La Fiscalía General de la República (FGR) investigará si las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de esa entidad, están fundamentadas para solicitar órdenes de aprehensión y su eventual extradición a Estados Unidos, donde son señalados de presunto narcotráfico y delitos relacionados con posesión de armas.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, detalló que la FGR fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.
No obstante, precisó que, conforme a la normativa mexicana, será la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales la encargada de analizar los expedientes y determinar si existen elementos probatorios suficientes para dar curso a dichas solicitudes.
Lara López apuntó que las solicitudes, entregadas a la Cancillería por la embajada de los Estados Unidos, no aportan “evidencias contundentes” que sustenten las acusaciones contra las diez personas señaladas, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.
El vocero recordó que tanto el mandatario estatal como el senador cuentan con fuero constitucional, que debe ser retirado mediante una declaratoria de procedencia para eliminar la inmunidad procesal.
Por otra parte, señaló que la información difundida este miércoles por el Departamento de Justicia y la agencia antidrogas DEAcontradice la postura previa de las autoridades estadounidenses, que han sostenido que “dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos”.
