A 14 años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, el caso sigue marcado por la impunidad: mientras un presunto autor material fue condenado, los responsables intelectuales nunca han sido llamados a cuentas.
Organizaciones y colegas reiteraron en la conmemoración de este 28 de abril que el crimen permanece como una herida abierta para el periodismo mexicano.
Regina Martínez Pérez, periodista especializada en corrupción, violaciones a derechos humanos y movimientos sociales, fue asesinada el 28 de abril de 2012, en su domicilio en Xalapa, Veracruz.
Fue hallada sin vida en su domicilio. La versión oficial apuntó a una supuesta riña con dos conocidos, a un crimen pasional y a un robo, pero investigaciones independientes descartaron esos móviles y señalaron la relación con su trabajo periodístico.
El homicidio ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, periodo en el que Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo. En 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la Fiscalía General de la República (FGR) reabriría el caso. Alejandro Gertz Manero, fiscal en ese momento, nunca cumplió con esa instrucción. La actual administración ni menciona el tema.
En su momento, se detuvo a un supuesto conocido de Regina que habría estado presente cuando se cometió el crimen, pero la investigación estuvo plagada de inconsistencias y señalamientos de fabricación de culpables.
Nunca se ha procesado a quienes ordenaron el crimen. Políticos priistas de Veracruz fueron señalados en investigaciones periodísticas como responsables de amenazas previas, pero ninguno ha enfrentado cargos por este asesinato. Algunos ya hasta fallecieron.
Desde el año 2000, 176 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 32 fueron ultimados en Veracruz, lo que coloca a la entidad como la más peligrosa para la prensa.
Organizaciones como Artículo 19 y CIMAC han documentado que las periodistas enfrentan violencias diferenciadas por género y oficio, lo que agrava la vulnerabilidad.
Proceso reiteró que la línea de investigación debe centrarse en el trabajo periodístico de Regina y en los autores intelectuales. El caso es un símbolo de la deuda del Estado mexicano con la libertad de expresión.
