El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha solicitado formalmente el beneficio de la libertad anticipada desde el Reclusorio Norte, donde cumple una condena de nueve años por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La petición, confirmada por fuentes penitenciarias y su defensa legal, se sustenta en el cumplimiento de más del 70 por ciento de su sentencia y en la ausencia de procesos judiciales pendientes.
Duarte fue aprehendido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México, donde fue sentenciado por el desvío de mil 670 millones de pesos del erario veracruzano. Aunque también enfrentó cargos por desaparición forzada, esta acusación no prosperó debido a fallas procesales atribuibles a la Fiscalía General de Veracruz, lo que despejó el camino legal para solicitar su preliberación.
La audiencia decisiva está programada para el 12 de noviembre, en el centro judicial del Reclusorio Norte. Aunque su excarcelación oficial estaba prevista para abril de 2026, el proceso podría adelantarse si la jueza del caso valida los argumentos de su defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, quien afirma que Duarte “cumple con todos los requisitos legales” y que “cada día privado de la libertad es un día lejos de su familia”.
La posible liberación de Duarte –cuya gestión dejó una profunda huella de corrupción, muerte y desfalco institucional- ha reactivado el debate público sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios acusados de corrupción, así como sobre los mecanismos legales que permiten beneficios penitenciarios en casos de alto perfil.
