Por Miguel Casillas
Encerrados, siempre de espaldas a los universitarios, sesionando en secreto y tomando acuerdos trascendentales en lo oscuro, los integrantes de la Junta de Gobierno de la UV una vez más han traicionado a la comunidad universitaria. Dedicados a procesar los intereses autocráticos del rector le han vuelto la espalda a la Ley Orgánica y a la legislación universitaria que regula el proceso de renovación de la rectoría.
Los miembros de la Junta dieron pie y recibieron como válida una solicitud absurda de prórroga para el mandato de la actual rectoría, claramente violatoria de las leyes y disposiciones, totalmente ajena a las normas y prácticas universitarias. Inventaron, sin ninguna atribución, ni capacidad legislativa, ni solvencia moral, un procedimiento inédito para realizar una evaluación de la gestión y una consulta a la comunidad sobre la solicitud del rector para prorrogar su gestión. El resultado de su consulta, a pesar de las amenazas y acarreos, registró una muy pobre participación, de un poco más de dos mil integrantes de la comunidad.
A pesar de tener un cúmulo de expresiones contra la prórroga, de conocer el rechazo mayoritario de los miembros del Consejo Universitario que levantaron la voz contra el abuso, de conocer la opinión experta de connotados juristas de la Universidad, de haber leído los comunicados de una veintena de ex integrantes de la Junta de Gobierno, de conocer la opinión contraria a la prórroga de cuatro exrectores, de haber escuchado el grito indignado de cientos de manifestantes en Xalapa, de haber leído decenas de notas de prensa que expresan la valoración de la opinión pública contraria a la prórroga, de conocer la exigencia de la gobernadora para que se respete la Ley; ignorando la renuncia de dos integrantes de la Junta, y a pesar de las expresiones valientes de un significativo 41 por ciento de rechazo entre la comunidad que participó de la amañada consulta, a pesar de todo y contra todos, la Junta de Gobierno de la UV aceptó la solicitud del rector para prorrogar su administración.
La Junta canceló un procedimiento competitivo y abierto por un acuerdo secreto; ignoró el balance crítico de la gestión que termina e hizo oídos sordos a los reclamos y a la demostración factual de la incompetencia de la administración central. Avaló las mentiras y la demagogia. Decidió por la prórroga sabiendo que el rector no cumple con el requisito de la edad expresado en la Ley Orgánica.
Se trata a todas luces de una infracción mayúscula de la legalidad, de un abuso de poder y de la ruptura del orden institucional que los integrantes de la Junta juraron defender. Se viola la Ley Orgánica y otras disposiciones al cancelar el proceso normal, establecido y formalizado. El rector se abroga un derecho, que nadie en ninguna ley le otorga; la Junta se inventa un procedimiento a modo sin tener atribuciones para ello y deja de cumplir con lo establecido en su propio reglamento interno. Han tenido un comportamiento faccioso, de ninguna manera puede ser interpretado como un acuerdo colegiado ni legítimo: actuaron como una mafia. Todo para favorecer el interés de una persona por perpetuarse en el poder universitario, a cualquier costo, creyéndose impunes.
La comunidad universitaria en la misma mañana de este lunes fue presa del desconcierto, aunque sus expresiones en las redes y en las facultades evolucionaron rápidamente de la decepción a la indignación. Muchas opiniones pasaron de la incredulidad al coraje. Estudiantes, profesores, y trabajadores administrativos y manuales se comienzan a organizar para resistir la imposición y la arbitrariedad. Ya se prepara una lluvia de amparos y se convoca inicialmente a una concentración para el miércoles. Se comienzan a invocar acciones de resistencia pacífica, como, vestirse de negro si no los dejan salir para asistir a la manifestación, no entregar informes, resistir la colaboración con las autoridades.
En las próximas semanas la Universidad entrará en vacaciones y habrá una natural desmovilización. Sin embargo, los consejeros universitarios ya preparan desde ahora las acciones e intervenciones con que habrán de confrontar el informe del rector y su inaceptable ceremonia de investidura. En la comunidad se gesta una profunda inconformidad y son cada vez más amplios los sectores que abogan por exigir la renuncia de los integrantes de la Junta.
La inconformidad de la comunidad es manifiesta. De modo espontáneo brotan iniciativas y llamados para resistir la imposición. Las demandas del movimiento actual son por lo pronto: el restablecimiento de la legalidad, la revocación del acuerdo de la Junta, la renuncia del rector y la emisión de la convocatoria.
En estos días aciagos, donde se mancilla la legalidad y se impone al rector de la Universidad, la comunidad comienza a levantarse. Está claro que los universitarios no aceptaremos la arbitrariedad que nos impone la Junta. Con un antecedente glorioso, tenemos experiencia para resistir y movilizarnos en defensa de la UV.
