Por Alberto J. Olvera Rivera
Un momento clave en la vida de cualquier universidad es la designación de su autoridad máxima, el rector o rectora. Cada institución tiene procedimientos claramente establecidos para llevar a cabo este proceso. En la Universidad Veracruzana, desde que se logró la autonomía de la institución hace 28 años, esta designación ha quedado por ley depositada en las manos de una Junta de Gobierno integrada por nueve miembros. Sin que quedara explícito en la ley de autonomía, ni en el reglamento interno de la junta, ha sido un sano uso y costumbre que cuatro de sus miembros fueran académicos externos a la institución y los otros cinco internos a la misma. De esta forma se buscó un equilibrio entre los intereses propios de los miembros de la comunidad universitaria, y la opinión experta de colegas reconocidos por su experiencia y capacidad, dotados de una autoridad moral incuestionable.
La Universidad de Veracruzana ha tenido la fortuna de contar entre los miembros de su Junta de Gobierno con ex rectores de la UNAM, de la UAM, exdirectores del CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional, así como con distinguidos científicos e investigadores de las ciencias sociales y las humanidades. Me consta por experiencia personal, porque yo mismo fui miembro de la junta de gobierno, que esta experiencia acumulada por colegas externos e internos, permite un diálogo fluido y constructivo en provecho de la institución.
El modelo de designación de autoridades por la vía de una junta de gobierno es bastante común en nuestro país. Existe también en otras universidades en diversos países del mundo. Para la Universidad Veracruzana, el haber nacido a la autonomía con este modelo ha sido una gran ventaja, pues ha despolitizado el nombramiento de la máxima autoridad, es decir, ha evitado tanto la intervención abierta de las autoridades políticas federales y estatales como la formación de grupos al interior de la institución que pudiesen convertir el proceso de designación en una competencia abierta por el poder dentro de la universidad.
A lo largo de los años ese modelo ha funcionado y se han producido ya siete designaciones de rectores que han seguido estrictamente las pautas establecidas con meridiana claridad en la Ley de Autonomía y en el Reglamento Interno de la propia junta de gobierno. En las siete ocasiones, la junta ha consultado a la comunidad universitaria, ha seleccionado a las personas candidatas del conjunto de candidaturas que inicialmente se presentan en cada ciclo, ha permitido que los candidatos aceptados presenten a la comunidad universitaria sus proyectos, los ha entrevistado extensamente, y en todos los casos ha consultado a la comunidad in situ a través de comisiones que visitan cada una de las regiones de nuestra universidad.
El mecanismo establecido ha garantizado la estabilidad política de la universidad, y si bien la consulta a la comunidad está muy limitada en tiempo, debe decirse que a lo largo de los años se ha perfeccionado la capacidad de consulta, abriéndola a vías digitales y permitiendo la interacción y el diálogo entre la comunidad universitaria y los miembros de la junta.
Este año se ha suscitado una situación inédita en la corta historia de la Universidad Veracruzana autónoma. El rector en ejercicio ha solicitado una “prórroga” de su mandato a la junta de gobierno, alegando que en la legislación universitaria se contempla esta posibilidad, la cual, en caso de autorizarse, implicaría la nulificación del proceso cuidadosamente descrito en el reglamento de la junta de gobierno para designar al rector o Rectora de una manera pública, abierta y fundada en la consulta a la comunidad universitaria. Haciendo una lectura parcial de algunos artículos de la legislación, y olvidando por completo el resto de la misma y sobre todo su espíritu, el rector Dr. Martín Aguilar Sánchez invoca un derecho que no está contemplado en la legislación universitaria, interpretando el concepto de “prórroga” como una decisión que de manera independiente a la comunidad universitaria la junta de gobierno pudiese tomar.
No sólo es esta pretensión una verdadera ruptura con las prácticas instituidas en la universidad para atender el delicado proceso de designación del rector, sino una invocación a que la junta de gobierno ignore a la comunidad universitaria, y se bloquee la oportunidad de un debate de ideas y proyectos y se haga una valoración objetiva de la gestión del propio rector.
Como es de todos sabido, la pretensión del rector Aguilar se explica por el hecho de que por su edad no puede ser partícipe de un proceso de designación de rector de acuerdo a la legislación vigente, puesto que ésta señala entre los requisitos de los candidatos que no sean mayores de 65 años. El rector pretende saltarse esta disposición alegando que la prórroga no es un proceso de elección, sino apenas una especie de extensión de su periodo, por lo que el requisito de edad habría sido cumplido en su designación originaria.
Es muy clara la maniobra legaloide que el rector pretende utilizar, la cual rompe con las leyes y con las prácticas establecidas y cierra las escasas posibilidades de participación que tiene la comunidad universitaria en estos procesos. Además, la invocación a este procedimiento es un acto de incongruencia por parte de un académico que a lo largo de su vida ha estudiado la protesta y los movimientos sociales, ha luchado por la democracia y, me consta, acompañado diversos movimientos democratizadores tanto a nivel nacional como local. Esta incongruencia se extiende a los miembros de la junta de gobierno en funciones, entre quienes al menos uno es un especialista reconocido nacional e internacionalmente en temas de participación ciudadana y democratización, y quien sabe muy bien que el recurso que se busca poner en marcha bloquea precisamente la participación y crea un peligroso precedente de empoderamiento político-administrativo de una instancia de gobierno en la Universidad Veracruzana cuya misión exige mantenerse al margen de las pasiones e intereses de las autoridades en turno.
Estamos frente a un momento crítico para la Universidad Veracruzana. Si la actual junta de gobierno acepta la petición de prórroga que le plantea el rector en funciones, estará autoasignándose una capacidad que la ley no le otorga y que de hecho cancela su función de escucha, consulta y defensa de los intereses de la comunidad universitaria. El rector Aguilar Sánchez, con el único objetivo de permanecer cuatro años más en su puesto, está forzando una salida ilegítima al hecho de que incumple uno de los requisitos del cargo, lo cual sentaría un precedente al cual seguramente podrían recurrir todos los futuros rectores de la institución. Se trata de una actitud poco responsable, pues rompe con las reglas y con las prácticas que hasta ahora han garantizado la estabilidad interna de la Universidad Veracruzana y la rotación ordenada de sus cuadros de mando.
Es comprensible que el grupo de funcionarios que actualmente dirige la Universidad quiera permanecer en sus cargos. Los tres rectores de la autonomía fueron designados por las juntas de gobierno respectivas dos veces como rectores. Pero no podemos olvidar que cada uno de ellos cumplía con los requisitos establecidos en la ley, y que en los tres casos en que se reeligió a los rectores en funciones, hubo de cualquier manera extensas consultas a la comunidad universitaria, una escucha a proyectos alternativos y una publicidad de las opiniones de los miembros de la comunidad respecto a esas candidaturas. El interés personal del actual rector y del grupo de funcionarios que lo acompaña no puede estar por encima de los intereses institucionales de la universidad. Dado que las personas involucradas hoy día en este drama universitario son mis colegas y amigos de décadas, me permito exhortarlos a evitar caer en la tentación de romper las reglas y violar el espíritu de la legislación universitaria vigente en aras de permanecer en sus cargos. Por su parte, la junta de gobierno debe aprender de la experiencia acumulada por la institución en las sucesiones pasadas y mantener vivas prácticas probadas que han permitido la rotación ordenada de mandos, defendiendo así la autonomía de la Universidad Veracruzana.
*Investigador Emérito del SNI
