La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) condenaron el encarcelamiento de Diana Patricia “N”, presa en el Centro de Reinserción Social de Acayucan desde hace más de un mes tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo, y por lo cual enfrenta un juicio por homicidio doloso.
En un comunicado conjunto, ambos organismos autónomos manifestaron su preocupación por la situación de Diana Patricia y condenaron los hechos que vulneran gravemente sus derechos humanos, “porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”.
Puntualizaron que la acusación por homicidio de la Fiscalía General del estado contra Diana Patricia “denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento, además acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpe de forma legal o esponténea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía”.
“Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.
“Para estos organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable”, sentenciaron.
Destacaron además que México “ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.
En apego a estas recomendaciones, ambos órganos exhortaron al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. “Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas”.
