Utilizando los recursos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y a través de medios y periodistas afines, el todavía presidente del organismo próximo a desaparecer –con su beneplácito- David Agustín Jiménez Rojas, se promueve para suceder a Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Mediante correos electrónicos distribuidos masivamente, Jiménez Rojas asegura que el cambio en la FGE “contaría ya con el aval de la gobernadora” Rocío Nahle, ya que “de acuerdo a (sic) fuentes bien informadas que pidieron el anonimato, la sólida cercanía de David Jiménez con la máxima autoridad del estado, gracias a su calificado desempeño que lo llevó a responsabilidades como la del instituto de acceso a la información (sic), ha logrado que sea el ‘bendecido’ para reorientar los hasta hora deficientes trabajos que ha desempeñado la fiscalía veracruzana”.
En el correo, subraya que “posibles colaboradores allegados a Jiménez Rojas han compartido que se encuentran preparando ya todo lo necesario para que el arribo sea ‘… acorde a (sic) lo que la jefa necesita, pero sobre todo destacado y eficiente; que se note el cambio sí o sí, para lo cual ya no (sic) estamos preparando”.
A manera de confesión de que desvió recursos públicos a la campaña electoral de Rocío Nahle, apunta que “todo ello se debe a que, como él (sic) propio David lo ha mencionado, es gracias al trabajo que hizo en la campaña para la gubernatura, es por eso que ella lo ve con los mejores ojos para ser el próximo fiscal del estado, sin importar detalles de su trayectoria”, asumiendo, además, que no cuenta con el perfil para el cargo.
Incluso, adelante una “cacería de brujas” en la FGE: “el mismo personal habría ya enviado un mensaje a David solicitando que de ninguna manera sostenga al frente del área de ministeriales a Marcela Aguilera, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FIM), de quien cabe recordar sospechaban que mantenía un presunto pacto con Miguel Ángel Yunes Linares, pues las carpetas de investigación en contra del exgobernador panista y sus familiares cercanos, permanecieron archivadas hasta justo antes de las últimas elecciones”.
Hasta se da un “balazo en el pie”, señalando en el correo que algunos medios replicaron tal cual que “personal de la Fiscalía manifestó que esperan David Jiménez no invite en esta ocasión a colaborar con él (oficial o extraoficialmente) a Leandro Fernández, o Leandro N, exsubdirector del registro público de la propiedad y de inspección y archivo general de notarias (sic), quien resultó responsable del delito de abuso de autoridad apenas el año pasado y quien trabajó bajo el mando de David, al amparo del exsecretario de Gobierno Eric Cisneros, gracias a lo cual intento despojar de sus propiedades a los verdaderos dueños entre 2018 y 2019”.
Precisamente, David Jiménez fue denunciado por presunto despojo de ranchos y otras propiedades en al menos cuatro municipios durante su gestión entre 2018 y 2019.
De acuerdo con la denuncia en su contra, David Jiménez Rojas y Leandro “N” ordenaron la inscripción de “contratos privados” en favor de Alejandro Montiel Díaz para adjudicarle propiedades cuyos dueños contaban con escrituras con antecedentes registrales de varios años antes.
Los propietarios se presentaron en el Registro Público de la Propiedad para denunciar el despojo de los inmuebles en una extensión de aproximadamente 24 hectáreas en la localidad “El Pando”, en el municipio de Puente Nacional, por lo cual la propia dependencia ordenó presentar la denuncia en contra de sus exdirectivos.
Los afectados aseguran que sus propiedades fueron ocupadas por personas armadas y que han recibido amenazas de muerte de manera anónima, por lo que temen por su seguridad e integridad física y presumen la participación de la delincuencia organizada en estas acciones.
En su denuncia también afirmaron que tienen documentados al menos otros 20 casos de despojos operados bajo el mismo esquema por David Jiménez Rojas.
El IVAI –donde se opera su “campaña” por la FGE-, ha sido usado por David Jiménez Rojas para su beneficio personal, amenazando y extorsionando alcaldes y funcionarios públicos, así como colocando a sus operadores en toda la estructura, misma que pretende llevar a la Fiscalía.
