Activistas del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental protestaron en Xalapa para denunciar que el crimen de dos campesinos manos de policías estatales continúa impune, mientras que el exgobernador Cuitláhuac García nunca asumió responsabilidad alguna por los hechos.
Casi siete meses después de los hechos del jueves 20 de junio de 2024, en los que dos campesinos murieron a balazos durante un desalojo policial a una manifestación en la que se exigía agua y acusaban a la empresa porcícola Granjas Carroll de contaminar el valle de Perote, todo sigue igual.
Incluso, Granjas Carroll labora con normalidad, con todo y que el anterior gobierno estatal aseguró que había ordenado su cierre.
Renato Romero, integrante de esa organización, manifestó que fue “otra mentira para engañar a los pueblos, es una mentira la clausura, porque Granjas Carroll siempre siguió funcionando desde el día que se levantó el plantón el 25 de junio y ahí está funcionando”.
Aseveró que siete meses después, los asesinatos de los hermanos Cortina siguen impunes “porque el gobierno es omiso y encubridor”, ya que Cuitláhuac García no aclaró quién dio la orden de desalojar y disparar contra los ciudadanos.
Adelantó que buscarán que llegue a la gobernadora Rocío Nahle García “nuestra denuncia y la exigencia que se haga justicia para el crimen en Totalco de los dos campesinos, y como nueva autoridad atienda las demandas del movimiento campesino que lleva décadas luchando por defender el agua”.
Asimismo, sentenció que “esto fue un crimen de Estado, y vamos a llevar nuestra denuncia ante organismos internacionales, porque conspiraron para detener el levantamiento de los campesinos que exigían justicia y la salida de Granjas Carroll por la contaminación que genera en la región”.
