El gobierno de México presentará una denuncia contra la jueza Nancy Juárez Salas por otorgar una suspensión definitiva para que se elimine la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este viernes que no retirará el decreto publicado el pasado 15 de septiembre, pues según ella la juzgadora titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito con residencia en Coatzacoalcos no cuenta con atribuciones para ordenar hacerlo.
Añadió que su gobierno presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que “quede un antecedente de que hay una jueza que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo”.
La jueza Nancy Juárez Salas otorgó la suspensión definitiva que ordena eliminar, en 24 horas, la publicación del decreto, ya que consideró que la publicación de la reforma judicial y su entrada en vigor puede ocasionar daños irreparables para los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la sociedad en conjunto.
En la resolución, Nancy Juárez estableció que en caso de no cumplir el mandato en el tiempo señalado, se informará al Ministerio Público para dar inicio a procedimientos legales en contra de la mandataria y el funcionario del DOF, con lo que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), rechazó las declaraciones de la presidenta y respaldó a la jueza.
En un comunicado, los magistrados y jueces afirmaron que la posición de la titular del Ejecutivo federal se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado.
Señalaron que en cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de Derecho, las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que se ha roto el orden constitucional.
A su vez, la jueza Nancy Juárez reiteró su postura y defendió su decisión “con el respaldo de la Ley de Amparo y la Constitución”, por lo que sigue adelante en el proceso para dar cumplimiento a la determinación emitida con respecto a la publicación en el DOF de la reforma al Poder Judicial en septiembre pasado.
