La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como válida la elección y declaró a Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México.
Por unanimidad de votos y al analizar el dictamen relativo a la calificación de la elección presidencial, las seis magistraturas integrantes del Pleno concluyeron que las elecciones del pasado 2 de junio fueron “libres, auténticas”, y que tras la jornada electoral más grande en la historia del país, “se advierte que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer en obtener la mayoría de los votos en una elección presidencial”.
Durante la sesión previa a la entrega de la constancia de mayoría que declarará formalmente como presidenta electa de México a Sheinbaum Pardo, se manifestaron discrepancias sobre lo plasmando en este dictamen por parte de la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el resto, las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso y Claudia Valle Aguilasocho, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes señalaron que durante esta elección “no se aportaron pruebas para acreditar las supuestas irregularidades, ni la determinancia (sic) o incidencia en la elección”.
Fraude a la ley, intromisión presidencial y crimen organizado
En su posicionamiento, la magistrada Janine Otálora destacó que su compromiso con su responsabilidad le exige que la decisión de declarar la validez de la elección reconozca los logros de la participación ciudadana y su voluntad expresada, pero también que “las irregularidades acontecidas no sean ignoradas ni soslayadas, sino discutidas y valoradas en contraste con los resultados de la votación”.
Puntualizó que el inicio del proceso para renovar la Presidencia de la República debió haber sido el 7 de septiembre del año pasado, pero que al adelantar las dos coaliciones sus procesos para seleccionar sus candidaturas, la política impuso sus tiempos a los plazos de la ley.
“Ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral pudieron frenar esta decisión, por lo que tuvieron que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo a la eficacia de nuestro sistema electoral. Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos, no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley”, aseveró.
“Como señalé cuando voté en contra de los dos procesos políticos, fue especialmente grave que los partidos políticos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñaron mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley. Mecanismos que, como era de esperarse, enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral debido a que no hubo transparencia en sus resultados o ni siquiera concluyeron conforme a sus propias reglas. Además de que no solo afectaron la elección presidencial, pues sus consecuencias impactaron los procesos para la renovación de las cámaras del Congreso”, sentenció.
Afirmó que estos procesos fueron el aviso de lo que serían los graves problemas de esta elección: “acuerdos políticos por encima de las leyes, autoridades que evidenciaron sus dificultades para garantizar el cumplimiento de las normas del proceso electoral y un desgaste permanente en contra de la ciudadanía que soportó las campañas más largas en la historia de la vida democrática del país”.
Otálora señaló también la indebida intervención del Presidente de la República a través de sus conferencias matutinas.
“Desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a la candidata de la oposición y para impulsar a la candidata de la filiación política del presidente. Esta intervención se materializó en más de cincuenta conferencias matutinas, en las que el número solo se encuentra agravado por la influencia y poder que ejerce el titular del Ejecutivo”, expuso.
La magistrada electoral subrayó que aún estando constitucionalmente obligado a ejercer el cargo de forma neutral, para con ello permitir que la contienda fuese equitativa, “el presidente mantuvo un actuar que contradijo las luchas que cuestionaron la intervención presidencial en las elecciones y que denunciaron ese abuso de poder como uno de los mayores males en nuestra naciente democracia”.
“A pesar de que la elección de la primera presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del presidente contraviene ese progreso ciudadano para revivir las prácticas antidemocráticas del pasado”, enfatizó.
Dijo que esto no es exclusivo de esta elección y la irregularidad no tiene un solo color partidista, por lo cual resulta apremiante que la injerencia indebida de los servidores públicos reciba las consecuencias reales que hagan efectivos los principios de neutralidad, equidad e integridad que requieren los procesos electorales.
“No puede desconocerse que esta intervención ocurrió, que contravino las obligaciones constitucionales que deben regir al cargo y que es necesario fortalecer las herramientas legales e institucionales para que esto no sea una práctica que siga demeritando la confianza en que la ciudadanía es capaz de tomar sus propias decisiones. El acatamiento de las reglas no solo es muestra de una actitud responsable de alguien que entiende la necesidad de cumplir con los acuerdos de la comunidad expresados a través de leyes, sino que también es la manifestación real de la confianza y el respeto que se tiene a la ciudadanía”, sostuvo.
Asimismo, Janine Otálora se refirió a la violencia e injerencia del crimen organizado como la tercera irregularidad y la que produjo la violencia en el país.
“Durante meses recibimos la noticia de que una persona más se sumaba a la lista de candidaturas asesinadas. La disputa por el poder en diferentes partes del país abandonó cualquier sentido de civilidad y nos hizo atestiguar de nueva cuenta que en el país hay decisiones que no son producto del diálogo, sino de la imposición a través de las armas. Debido a las tecnologías, ya no nos enteramos de los asesinatos políticos por medio de la prensa. La ciudadanía pudo atestiguar en sus pantallas los momentos en los que muchos de estos crímenes fueron cometidos.
“La conmoción y el miedo que la violencia genera, además del cruel daño que provoca, frustran la promesa democrática de un gobierno para personas que viven y disfrutan su libertad. Como reflexión dejo esta pregunta: ¿es el crimen organizado un actor autónomo o es un agente coadyuvante del poder político?”, cuestionó.
Puntualizó que las consecuencias son evidentes. “Más de siete mil personas que aspiraban o eran titulares de una candidatura renunciaron a participar por culpa de las amenazas, las cuales fueron de tal seriedad que se convirtieron en crímenes que terminaron con la vida de más de 30 personas candidatas. Este sigue siendo el pendiente urgente para poder aspirar a mantener una forma de vida en democracia. Desconocer su realidad e impacto en el ejercicio de los derechos políticos solo nos coloca un paso más atrás en el camino para poder alcanzar una solución”, advirtió.
“Incluso en tiempos en los que hemos reconocido la existencia de la violencia política de género, ignorar este pronunciamiento necesario sobre la violencia en el proceso solo invisibiliza que 57 por ciento de las renuncias a candidaturas fueron de mujeres.
“La democracia no debe reducirse a entenderla como un procedimiento para poder ir a votar, ésta debe ser más que eso. Hacer de la democracia una forma de vida no es más que el compromiso individual de actuar para defender lo que es valioso e incluir en esa defensa a quien tenemos al lado, entendiendo que las diferencias son las que nos llevan a encontrar mejores respuestas”, apuntó la magistrada Otálora.
