La organización identificada como Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción denunció que en todo el estado de Veracruz la policía estatal: asalta todas las noches a habitantes de la entidad que tienen la desgracia de cruzarse en su camino, alegando cualquier clase de circunstancias.
En una denuncia hecha llegar a La Clave online, afirmaron que estos actos delincuenciales son cometidos por policías con la protección del subsecretario de Operaciones, Rafael Ángel González Uscanga, “que es quien tiene a su cargo lo operativo de la policía estatal, la tolerancia del secretario de Seguridad Pública en la entidad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y la complacencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez”.
Sostuvieron que “ni el gobernador ni el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pueden alegar desconocimiento de la situación, porque a Cuitláhuac García se lo han expuesto hasta alcaldes de su mismo partido, así como otras personas, mientras que a Cuauhtémoc Zúñiga se lo han planteado en diversas reuniones que ha tenido con diferentes sectores sociales”.
“Además de que les han mostrado que los policías estatales protegen a la delincuencia organizada, porque aun cuando saben quiénes son los que hacen los cobros de ‘piso’ o de ‘protección’, nada hacen para detenerlos y mucho menos para acabar con las bandas que realizan estos delitos”, puntualizaron.
Manifestaron que se esperaba que el problema fuese eliminado o por lo menos disminuyese con la llegada del nuevo titular de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, debido a su condición castrense de la Armada de México, como la del mismo Rafael Ángel González Uscanga, quien tiene el grado de capitán de navío. “Pero esto no ocurrió e incluso podría ser que hasta haya aumentado”.
Mencionaron que algunos de los malos elementos están en la corporación desde la época de Arturo Bermúdez o fueron reincorporados en este gobierno a la llegada del anterior titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado. “Y en lugar de ser removidos, se les mantuvo en sus posiciones con el ahora secretario Cuauhtémoc Zúñiga”.
Destacaron que el “modus operandi” que utilizan para coaccionar ciudadanos es ubicarse en las cercanías de los centros de diversión nocturnos a la espera de personas que salgan de los mismos en sus vehículos para detenerlas más adelante y acusarlas de llevar aliento alcohólico, aunque carezcan de dispositivos como el alcoholímetro.
Afirmaron que en estos atracos hay personas a las que llegan a secuestrar y mantener incomunicadas hasta que les entreguen las cantidades que les exigen o que sus familiares “paguen” el rescate.
El monto mínimo que piden es de 300 pesos por “la multa”, hasta por “faltas al bando de policía y buen gobierno”, el cual no pueden aplicar porque es una atribución de la autoridad municipal, o por cualquier otro pretexto.
“Este dinero, del cual debería de llevarse un registro puntual, no aparece en la contabilidad de la policía estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que muestra que en los actos de corrupción también está involucrado Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, quien es parte del grupo del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo de Cuitláhuac García”, enfatizaron.
A esto le suman que los vehículos que detienen se los llevan a un corralón particular, jalados por una grúa particular, cuyas empresas llegan a pedir hasta 18 mil pesos por liberar un vehículo, sin que exista algún reglamento que regule su actividad.
Los denunciantes mencionaron que cada empresa le entrega una “iguala” a los responsables de cada zona y que estos reparten sus cuotas a sus superiores, hasta llegar al secretario de Seguridad Pública. Una de las empresas involucradas en este negocio del arrastre de vehículos es Grúas Méndez, a la cual identifican como propiedad del ex secretario de Gobierno duartista-fidelista Erick Lagos.
“Presumen que en las empresas de grúas igualmente están involucrados el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, Juan Javier Gómez Cazarín, porque después de que emprendió una campaña anunciando que iba a proponer legislación para regular a las empresas grueras que operan con la SSP, dejo todo como está”, sentenciaron.
