Por Francisco Reséndiz
En la continuidad histórica a las grandes reformas electorales del país (las de 1977, 1990, 1996, 2007 y 2014), hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador empuja una iniciativa de gran calado que contempla modificaciones a 18 artículos de la Constitución para acabar con un modelo oneroso, de elites y lejano del pueblo.
Sin embargo, las condiciones y disputas al interior del Congreso de la Unión llevarán a esta iniciativa presidencial a ser sometida a cirugía mayor en la Cámara de Diputados… será desdibujada, bajo el consentimiento de Morena, para evitar que sea aniquilada por la oposición.
Al menos cuatro razones llevarán a descafeinar la iniciativa que desde que este jueves entrará a negociaciones entre 28 diputados de todas las bancadas en las comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de San Lázaro, pero que dictaminarán entre el 14 y 24 de noviembre, después de sacar el Presupuesto 2023:
Primero, el PAN y del PRD le “cortaron cartucho” al PRI y le exigieron rechazar en su totalidad la propuesta presidencial en materia electoral y plegarse por completo a la defensa del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, ello si el tricolor quiere pensar en una nueva alianza que los incluya en 2024.
Segundo, nos adelantan que la bancada de Morena en San Lázaro está dispuesta a analizar todas las propuestas de la oposición a fin de concretar una reforma acorde a la esencia de la propuesta presidencial para bajar los costos de la democracia, que sería deseable que fuera constitucional pero que bastaría con una legal.
Tercero, los aliados de Morena, PT y Verde, tienen serias dudas en apoyar tanto eliminación del presupuesto público para las actividades ordinarias de las fuerzas políticas del país así como la eliminación de los legisladores plurinominales… sería un balazo en el pie a su estilo de vida. Esto pondría contra las cuerdas a la 4T.
Cuarto, la movilización de sectores de la sociedad civil –todos opositores a la 4T- que incluso están dispuestos a llegar a acciones de resistencia civil pacífica para evitar que haya una reforma que toque a las instituciones electorales, nacionales y estatales, del país.
Además, si bien se trabajará bajo la iniciativa presidencial, la reforma electoral pasa además por el análisis de al menos otras 104 iniciativas de todos los partidos (20 de Morena) que se perfilaban para ir a la congeladora legislativa.
El “corte de cartucho”
Nos narran que en un reunión a puerta cerrada, a nivel dirigencia, liderazgos del Pan y del PRD, junto con integrantes de la sociedad civil, le exigieron al PRI no aprobar nada que vulnere al INE y al Tribunal Electoral; “se comprometieron a ir con nosotros y todos entran en el corte de cartucho si es que no quieren terminar de hundirse en 2024”, dice a este columnista uno de los negociadores del PAN.
Mientras que en el PRI sostienen que habrá un rechazo contundente a la iniciativa presidencial, sus socios del PAN y del PRD aun lo miran con desconfianza. “No podemos confiar en el PRI”, dicen en el sol azteca.
Mientras, la diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, hace una serie de revelaciones en este espacio:
Morena buscará, con disposición absoluta, construir consensos para sacar una reforma, teniendo como prioridad la iniciativa presidencial e impulsarán los puntos de coincidencia entre las fuerzas políticas para construir una reforma que “sería deseable” fuera constitucional y si no alcanza la mayoría calificada para una reforma constitucional, entrarán a una segunda negociación.
“En todos los puntos estamos abiertos a poder escuchar y también integrar las propuestas de los diputados para modificar la Constitución, queremos avanzar en la reforma porque nos estamos tardando mucho. Debe salir la reforma antes de abril próximo”.
Pone énfasis en que la voz de los grupos de la sociedad civil que se oponen a la reforma electoral será incluida en la negociación de la reforma para su dictaminación.
“Uno quisiera (que no se modifique la iniciativa presidencial en materia de austeridad), pero hay tres ejes fundamentales de la negociación: la austeridad, la equidad y la justicia para fortalecer la democracia en México… a diferencia de otras propuestas de reforma, hoy estamos abiertos a integrar las demandas que estén haciendo”, comenta Sánchez. Resume: “lo que sea necesario para lograr acuerdos”.
El tema va para largo, pero esta es la línea de salida.
Monreal y Layda
En este espacio le hemos narrado cómo ven al senador Ricardo Monreal en la cúpula de la 4T, incluso anticipamos su convicción de frenarlo de cara al proceso de sucesión presidencial 2024; hoy vemos a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, convertida en un ariete para tratar de golpear la aspiración política del zacatecano.
Tras la difusión de los pantallazos de una conversación entre Monreal y el cuestionado líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el programa de televisión semanal de Sansores, Monreal ha dicho que presentó la denuncia contra Layda para frenar el proceso de descomposición política a la que las calumnias están dando lugar.
También recordó que desde hace más de 25 años que acompaña a López Obrador han intentado manchar y hasta eliminar el prestigio y trabajo de ambos a través de calumnias, infamias y expedientes negros y que no le extraña que lo quieran frenar.
Para Monreal en esta ocasión las injurias son desde el interior del partido que ayudó a fundar, pero que esto no lo amedrenta y por ello presentó una denuncia penal con el fin de alejarse de esas malas prácticas. La guerra contra Monreal se intensificará, me adelantan.
