Alejandro Hernández Bringas, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), estimó que México cerrará el año con una tasa de interés de 10.5% y con una inflación de 8.5%, así como con la posibilidad de una fuerte desaceleración o incluso recesión en diversas economías.

“Como consecuencia del incremento en la inflación, otra variable que se revisa de forma importante es la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año”, dijo el representante empresarial.

Las perspectivas del IMEF para la economía mexicana presentan algunos ajustes importantes de septiembre a octubre, ya que incrementa su pronóstico de la inflación prevista para el presente año de 8.1 a 8.5% y para el 2023, de 4.8 a 5.0%.

“La inflación (en México) ha seguido mostrando una tendencia incremental en su componente subyacente, lo que alimenta buena parte de la revisión al alza en los pronósticos”, comentó el dirigente del IMEF.

Agregó que la tasa de interés subió de 9.75% en la encuesta de septiembre a 10.50% en octubre para el cierre de 2022, mientras que para el 2023 el aumento es de 9.13 a 9.75%.

“En la medida en que la inflación (en México) no ceda, la necesidad de una política monetaria más restrictiva seguirá vigente”, comentó Hernández Bringas.

Señaló que la corrección monetaria necesaria para controlar la inflación puede generar ajustes adicionales a los ya observados en los precios de diversos activos financieros, que podrían haberse también inflado con la extraordinaria liquidez inyectada por los bancos centrales por más de una década.

“Todo ello genera inestabilidad y volatilidad adicional en el sistema financiero”, apuntó.

Las medidas anunciadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como parte del marco del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), tendrían efectos marginales sobre el incremento de precios, pero que pueden tener consecuencias indeseables, declaró.

El presidente del IMEF pidió poner atención especial en la intención de otorgar licencias universales para eximir a las empresas de todo trámite o permiso para la importación y distribución de alimentos, incluidos los de Senasica y Cofepris.

“Las licencias han generado una gran preocupación en los productores y exportadores agropecuarios del país, ya que esto representa un gran riesgo si llegan a introducir alimentos contaminados o sin los estándares de inocuidad, sanidad y salud adecuados”, añadió Alejandro Hernández Bringas.